El Gobierno pedirá a Bruselas alargar el plazo para cumplir con la obligación de contratar a los interinos

La Unión Europea había dado de plazo hasta el 29 de junio de 2026 al Gobierno de España para adoptar medidas para acabar con la elevada tasa de interinidad de los funcionarios, ya que en nuestro país es del 30%, mientras que Bruselas exige a España bajar la temporalidad por debajo del 8% en las administraciones públicas. Sin embargo, desde el Ministerio de Función Pública, presidido por Óscar López, no se han hecho los deberes con respecto a este tema, por lo que fuentes conocedoras de la situación han explicado a OKDIARIO que «el Gobierno parece que va a intentar ganar tiempo y va a presentar alegaciones ante la Comisión Europea».

Por tanto, en vez de resolver inmediatamente el problema que señala la Unión Europea, «el Gobierno intentará justificar su actuación y pedir más margen antes de que Bruselas adopte medidas más duras», han señalado las mismas fuentes.

De esta forma, ahora el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que aportar argumentos, explicaciones o pruebas a la Comisión Europea para intentar convencer a Bruselas de que sí está actuando o de que necesita más tiempo para cumplir con las cifras de interinidad de los funcionarios y evitar más sanciones.

Hay que tener en cuenta que España ya tiene retenidos por parte de la Comisión Europea 626 millones de euros de los fondos de recuperación por el castigo por la alta temporalidad de los interinos.

Esta decisión se conocía a principios de julio, cuando se produjo el desembolso parcial del quinto pago, en el que Bruselas decidió retener además otros 500 millones de euros a España por incumplir dos reformas más: el impuesto al diésel y la digitalización de las entidades locales. En total, se congelaron unos 1.100 millones de euros que Bruselas podrá ingresar en las arcas españolas más adelante si se cumple con las reformas.

Así, Bruselas consideró que las medidas adoptadas (incluida la Ley 20/2021), también conocida como la ley de reducción de la temporalidad en el empleo público, no cumplían plenamente el objetivo de prevenir y sancionar el abuso de la temporalidad en el empleo público y, en consecuencia, España perdió una parte de los fondos asociados a ese hito.

Por otro lado, también destaca la Sentencia del TJUE del 14 de abril de 2026, que es un fallo fundamental sobre el abuso de temporalidad en el sector público español. Dictaminó que el modelo español (basado en la figura de indefinido no fijo y una indemnización tasada) no cumple con la normativa europea, ya que no sanciona ni disuade eficazmente el abuso.

En conclusión, el conflicto no gira únicamente sobre el elevado porcentaje de trabajadores temporales existente en las administraciones públicas de nuestro país, sino que también se centra en la ausencia de mecanismos disuasorios para sancionar a las administraciones responsables y evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse.