El Gobierno elude pagar los 500 millones que debe a las eléctricas por el bono social y apela al TC

El Gobierno no está dispuesto a abonar los 500 millones que debe a las compañías eléctricas, tras la sentencia del Tribunal Supremo que tumba el denominado bono social, y ha decidido llevar el caso ante el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado hasta en dos ocasiones contra esta obligación que impone el Estado al sector eléctrico. La última el pasado octubre, cuando declaró ilegal la tarifa subvencionada que se aplica a los consumidores con bajos ingresos, por ir en contra de la normativa comunitaria para el mercado interior de la electricidad.

El Supremo apuntaba en sus sentencias que el coste de la rebaja a los colectivos más vulnerables se impone a las empresas eléctricas con carácter discriminatorio y que el Gobierno no ha justificado de forma adecuada los criterios en los que se basa esta subvención que sale de las arcas del sector privado por imperativo legal.

Así, la Sala de lo Contencioso-Administrativo declaró inaplicable el régimen de financiación del ‘bono social’ establecido en 2013 y los principales artículos de la reforma de 2014 que desarrollaban la citada ley, estimando los recursos interpuestos por EON España y Endesa. El Supremo indicó también que las empresas tienen derecho a cobrar una indemnización por las cantidades pagadas hasta la fecha en el marco del citado bono social. Un importe que ronda los 500 millones de euros y que se niega a abonar el Ejecutivo.

No obstante, el Gobierno ha asumido que la regulación no es acorde con el ordenamiento jurídico español y, por ello, aprobó a finales de diciembre un Real Decreto Ley que establece el mecanismo de financiación del nuevo bono social, mediante el cual las empresas están obligadas a rebajar un 25% la factura a los clientes que, según los criterios gubernamentales, presentan “grados de vulnerabilidad” que no les permiten hacer frente a los pagos como al resto de los usuarios.

Según han confirmado a OKDIARIO fuentes del sector eléctrico, las empresas están dispuestas a continuar la batalla legal después de la última decisión del Gobierno. La clave está en el carácter coactivo de esta ayuda a las familias con menos recursos, ya que todas las grandes eléctricas españolas “están dispuestas a destinar una parte de sus beneficios a subvencionar parte del coste del suministro”, pero siempre que sea acordado con el Ejecutivo y no impuesto mediante la vía legislativa.

La decisión final de llevar otra vez al Gobierno ante la Audiencia Nacional por esta norma, mediante el correspondiente recurso contencioso-administrativo (primer paso antes de que el recurso acabe en el Supremo) se producirá una vez que el Ejecutivo apruebe el Reglamento del Real Decreto Ley, en el que se especificará la letra pequeña de la nueva normativa. Será entonces cuando los principales agentes del sector adopten una decisión conjunta, aunque es posible que alguna de las grandes compañías decida no recurrir por el coste de imagen que tienen este tipo de iniciativas.