Galán pide que se le aplique el mismo trato que a Fainé y Brufau y se archive la causa contra Iberdrola

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 03/08/2021 10:21
  • Actualizado: 03/08/2021 14:03

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha pedido al juez del ‘caso Villarejo’ que se le aplique el mismo criterio que a los presidentes de CaixaBank, Isidro Fainé, y Repsol, Antonio Brufau, y por tanto se le desimpute a él también y se archive la causa contra la eléctrica.

En un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón al que ha tenido acceso OKDIARIO, Galán reclama que se archive la causa contra él por tres razones principales: la inexistencia de responsabilidad penal del presidente de una compañía en las decisiones que no pasan en el consejo (criterio usado para CaixaBank y Repsol), el daño reputacional sufrido por Iberdrola debido a esta imputación y la prescripción de los hechos, que Galán ha reclamado en numerosas ocasiones.

Respecto a la reputación, el directivo salmantino lamenta la «incidencia negativa» que la misma ha causado en Iberdrola, que sostiene que tiene una «traducción económica de varios miles de millones de euros (…) insostenible, incluso para la segunda empresa con mayor capitalización» del Ibex 35.

El presidente de la multinacional española fue imputado el pasado 23 de junio junto a otras tres personas, por delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

Entre los servicios solicitados se encuentra el llamado «proyecto Posy», centrado en investigar al presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, «a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola».

Poco después, el juez incluyó en la causa como persona jurídica investigada a Iberdrola Renovables, filial de Iberdrola España, a raíz de estos contratos, pero no a la matriz del grupo.

Sánchez Galán se remite ahora al reciente auto dictado por el magistrado en la pieza separada del caso Villarejo sobre la contratación de Cenyt, vinculada al excomisario, por Repsol y CaixaBank para investigar el intento de toma de control de la petrolera por parte de Sacyr y Pemex.

Aunque en un primer momento fueron igualmente imputados, la semana pasada el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 archivó provisionalmente la investigación de Brufau, Fainé y Repsol y CaixaBank como personas jurídicas.

Entre otros argumentos, el magistrado descartaba que Brufau y Fainé participaran en los hechos porque de la documentación aportada «no se desprende que éstos tengan una obligación de supervisión y vigilancia».

La defensa del presidente de Iberdrola recupera tales explicaciones en su escrito, las cuales cree que deben ser atendidas también en su caso dada «su posición y responsabilidades en Iberdrola» y «la ausencia de indicios concretos de comportamiento personal reprochable».

Además, añade, el auto de imputación «tampoco describe nada específico que sea cooperante, o coadyuvante, en las acciones delictivas de otros», y ninguno de los hechos -ni de las contrataciones- superaron el nivel de relevancia indispensable para su tratamiento por el Consejo de Administración de Iberdrola».

El caso de Rumanía no llegó a contratarse

El escrito repasa los encargos cuestionados por el juez, el primero de ellos el llamado «proyecto Wind», el cual se habría producido mientras Villarejo estaba aún en activo, con la finalidad de llevar a cabo una investigación sobre la sociedad Eólica Dobrogea, su accionista mayoritario y su apoderado.

Iberdrola Renovables se había aliado con ellos para acometer una serie de proyectos en Rumanía; sin embargo, surgieron diferentes conflictos que fueron resueltos de forma favorable para la compañía española en un procedimiento arbitral.

Sánchez Galán reitera que «no ha ocupado jamás cargo alguno en los órganos de administración de esa empresa», si bien recalca que «el supuesto encargo hecho a Cenyt a finales de 2011 nunca existió», en tanto que «no pasó de ser una propuesta de servicios, un simple presupuesto no aceptado por Iberdrola Renovables».

Insiste en la prescripción del presunto espionaje a Pizarro

También se refiere al «proyecto Black Board» o «B-B», desarrollado en 2004 y 2005 y que, según el informe de Cenyt, «tenía por objeto conocer información de naturaleza sensible» acerca del entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro.

Unos hechos que, sostiene la defensa, en cualquier caso habrían prescrito «al haber transcurrido 16 años, 2 meses y un día», algo que también habría ocurrido con el «proyecto Posy», sobre Florentino Pérez.

Finalmente, el presidente de Iberdrola descarta que hubiera una «continuidad delictiva», ya que «las únicas relaciones comerciales existentes entre Iberdrola -e Iberdrola Renovables- con Cenyt son las que se hallan reflejadas en las 17 facturas emitidas por esta última mercantil y que obran desde el principio en la causa».

Por todo ello, suplica al juzgado que decrete el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones, y es que no se puede mantener «en el tiempo este daño reputacional -con los perjuicios económicos a él inherentes- si los hechos (…) se hallan claramente prescritos».