La Fiscalía pide ampliar dos años más la investigación sobre el Banco Popular

En el informe sobre el Banco Popular, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal Antonio Romeral ampara su petición en la «indudable complejidad y laboriosidad» del peritaje, que «revisa la gestión de una de las principales entidades bancarias de España» y que «precisa del tiempo que se está empleando para su elaboración».

El 23 de marzo de 2018, el entonces titular del juzgado central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, declaró la causa compleja dados los «miles de perjudicados y el considerable número de querellados», motivo por el que concedió una prórroga inicial que expira el próximo día 3 de abril.

Ahora será su sustituto al frente del caso, el juez José Luis Calama, quien decidirá si admite la solicitud del Ministerio Público, hecho que podría ocurrir esta misma semana, según apuntan fuentes jurídicas.

Plazo al margen, este lunes el magistrado ha recibido la documentación requerida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) relativa a los expedientes sancionadores incoados al Popular, a sus consejeros ejecutivos, a los responsables de la comisión de auditoría y al director financiero, por la información suministrada respecto a las cuentas anuales de 2016.

En un auto, Calama se hace eco de la petición del organismo a las autoridades judiciales para que, de conformidad con la ley, adopten «las medidas pertinentes que garanticen la reserva durante la sustentación del proceso».

De este modo, declara reservadas las diligencias del sumario, las cuales «no tendrán carácter público hasta la apertura del juicio oral».

En junio de 2017, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ejecutó, a instancias de Europa, la resolución del Banco Popular, operación que amortizó a cero el valor de las acciones y que llevó a la compra de la entidad por parte del Santander.

Meses más tarde, en octubre de ese mismo año, el juez Andreu admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos, PwC y su socio auditor, por presunta falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

Se abrieron entonces dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e informaciones supuestamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.