La Fiscalía archiva la operación contra la corrupción en la CNMV al no hallar indicios de delito

La Fiscalía ha dado carpetazo definitivo a la investigación de una trama de corrupción que implicaba a directivos y técnicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El caso lo destapó El Confidencial en el verano de 2015 a raíz de una investigación iniciada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF).

La denominada ‘operación Parqué’ que investigaba una supuesta trama de corrupción que implicaba a directivos y técnicos del supervisor bursátil ha quedado cerrada. Después de varias prórrogas, la UDEF ha sido incapaz de demostrar que los cinco altos cargos investigados por supuestos delitos de cohecho cobraran cantidad alguna y, por tanto, perjudicaran a sabiendas a las entidades denunciantes.

La investigación de la UDEF se desarrolló a raíz de una denuncia interpuesta en 2012 por Dracon Partners en la que aseguraba que la retirada de su licencia para operar en España se habría tomado para favorecer, entre otros, a la gestora de fondos Renta 4. La dueña de Dracon Sara Pérez Frutos dijo que había entregado una cantidad de dinero que, supuestamente, acabó en manos de los directivos de la CNMV implicados.

Otra entidad de inversiones, Vetusta Wealth Managers, también denunció a la CNMV que la retirada de su licencia en el año 2007 sólo estuvo motivada por intereses espurios de la cúpula del regulador bursátil.

En una nota, la CNMV recuerda que el archivo, que se produce tras diversas resoluciones judiciales favorables a las citadas actuaciones, ha tenido lugar después de un largo periodo de investigación, tras el cual se ha hecho patente «la absoluta falta de fundamento de las denuncias presentadas».

Bajo los mandatos del PSOE y el PP

Las supuestas irregularidades investigadas en la ‘operación Parqué’ se extendieron durante los mandatos del PSOE y el PP y salpicó a los máximos responsables de la CNMV Manuel Conthe (2004-2007), Julio Segura Sánchez (2007-2012) y Elvira Rodríguez (2012-2016).

Sin embargo, el foco de la investigación se centraba en dos altos cargos: el exdirector general de Entidades Antonio Carrascosa y el director del Departamento de Autorización y Registro de entidades del supervisor, Antonio Moreno, además de otros tres funcionarios de menor nivel.

La UDEF trató de desentrañar si estas personas habían recibido pagos por favorecer a determinadas entidades en detrimento de otras. Pese a la larga y complega investigación, los agentes no han sido capaces de demostrar que los directivos de la CNMV cobraran, no han encontrado movimientos sospechosos en sus cuentas ni indicio alguno que pudiera sostener las acusaciones de cohecho.

El supervisor bursátil destaca la profesionalidad y rigor que en todo momento han mostrado los directivos y el resto de personal afectados por la denuncia, así como su «dedicación y entereza» mientras se prolongó la investigación. No en vano, Carrascosa fue nombrado consejero ejecutivo del Mecanismo Único de Resolución (MUR) del Banco Central Europeo (BCE) tras abandonar la CNMV. Tanto su reputación como la de Antonio Moreno han sufrido un importante menoscabo tras las acusaciones y la posterior investigación que ha durado casi dos años.

Asimismo, la CNMV muestra su compromiso con «el más estricto respeto a la legalidad» en todas las facultades de supervisión que tiene encomendadas; su labor debe realizarse, como así ocurre, «con diligencia y de modo eficiente y sin que el necesario rigor e independencia puedan verse afectados por el temor a denuncias infundadas».

En este sentido, la CNMV ha incluido en su plan de actividades para 2017 una revisión, para reforzarlos y perfeccionarlos, de los mecanismos de protección jurídica de sus directivos y también del personal técnico involucrado en tareas de inspección y supervisión.