La salida a Bolsa de Digi vuelve a poner el foco sobre el caso judicial que acompañó su debut bursátil en Rumanía

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 03/07/2026 05:45
  • Actualizado: 03/07/2026 05:45

La reactivación de los planes de Digi para sacar a Bolsa su filial española ha vuelto a dirigir la atención de algunos inversores hacia uno de los asuntos que ya acompañó al grupo en su estreno bursátil en Rumanía hace casi una década: el procedimiento penal abierto por la Fiscalía Nacional Anticorrupción (DNA) en relación con la adquisición de derechos audiovisuales del fútbol.

Cuando Digi Communications debutó en la Bolsa de Bucarest en mayo de 2017, la compañía ya incluyó en el folleto de la oferta pública la existencia de esa investigación, al tratarse de uno de los principales factores de riesgo que debían conocer los inversores. El procedimiento afectaba tanto a la filial rumana como a varios de sus directivos y fue objeto de sucesivas comunicaciones al mercado durante los años posteriores.

El proceso judicial atravesó distintas fases. En 2019, un tribunal de Bucarest dictó una sentencia condenatoria contra la entonces RCS & RDS (actual Digi Romania) y algunos de los acusados. Sin embargo, en 2021 el Tribunal de Apelación anuló íntegramente aquella resolución y ordenó repetir el juicio, dejando sin efecto las condenas y devolviendo el procedimiento a una nueva fase de enjuiciamiento.

La nueva sentencia llegó el 25 de noviembre de 2025. El Tribunal de Apelación absolvió a Digi Romania, a Integrasoft y a los actuales y antiguos directivos procesados, al considerar que los hechos atribuidos no existían, y acordó levantar las medidas cautelares que pesaban sobre determinados activos de la compañía. La propia Digi comunicó entonces al mercado que la resolución respaldaba la posición que había mantenido durante todo el procedimiento.

No obstante, esa resolución no es firme. Tanto la compañía como la documentación remitida al mercado precisan que la sentencia, al haberse dictado tras la repetición del juicio, continúa siendo susceptible de recurso conforme al ordenamiento jurídico rumano.

La situación adquiere relevancia ahora que Digi prepara una nueva operación corporativa en España. Aunque la existencia de un procedimiento judicial no implica por sí misma ninguna limitación para cotizar, especialistas en mercados financieros explican que los grandes inversores institucionales suelen analizar con especial detalle este tipo de riesgos legales dentro de sus procesos internos de compliance y gobierno corporativo, especialmente cuando todavía no existe una resolución firme.

Precisamente por ello, fuentes del mercado consideran que la transparencia sobre los factores de riesgo volverá a desempeñar un papel relevante en la documentación que acompañe la futura salida a Bolsa de la filial española.