Embargadas las tasas aéreas que cobra España vía Eurontrol en Bélgica por los impagos a las renovables

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 18/07/2025 17:39
  • Actualizado: 18/07/2025 17:39

Nuevo golpe a la estrategia de España en la batalla contra los fondos internacionales que reclaman el abono de los arbitrajes internacionales por los impagos a las renovables. desarrollada por Teresa Ribera y continuada por la actual ministra del ramo, Sara Aagesen. El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ha autorizado el embargo ejecutivo de las cuentas bancarias del operador público español de navegación aérea Enaire. Se trata de los fondos recaudados por Eurocontrol (Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea), en concepto de tasas aéreas por el uso del espacio europeo.

La decisión llega tras el impago reiterado del laudo dictado en 2019 por el Ciadi en el caso RREEF Infrastructure GP Ltd vs Reino de España, en el que se condenó al Estado español a indemnizar a esta firma con 59,6 millones de euros más intereses de demora.

Los abogados de España, representados por el bufete NautaDutilh, invocaron para defenderse de los impagos a las renovables la decisión de la Comisión Europea del 10 de noviembre de 2017 para oponerse a la ejecución, alegando que mientras siga abierta la investigación comunitaria no se pueden ejecutar laudos derivados del Tratado de la Carta de la Energía (TCE).

Según esta tesis, los laudos intra-UE están prohibidos y esa prohibición se extiende también a la justicia belga. Sin embargo, el argumento fue rápidamente desmontado por los abogados del caso, del bufete Loyens & Loeff, al señalar que la matriz inversora está domiciliada en suelo británico, fuera del alcance jurisdiccional de la UE. Al constatar esta certeza, la jueza belga, Els De Breucker, falló el pasado 12 de julio a favor de RREEF, que ha gestionado el caso a través de Blasket Renewable Investments, y ordenó el embargo.

La inversión de RREEF se remonta a los años 2007-2010, en proyectos eólicos y solares en Andalucía, bajo el esquema de primas garantizadas promovido por el propio Gobierno de España. Tras atraer a inversores internacionales, el Ejecutivo cambió las reglas del juego de forma retroactiva, con distintos cambios entre 2010 y 2014 que alteraron el esquema retributivo propuesto originalmente.

El tribunal del Ciadi que dirimió la disputa entre RREEF concluyó que España violó el estándar de Trato Justo y Equitativo (FET, por sus siglas en inglés), así como los principios de estabilidad y transparencia, al alterar de forma retroactiva las condiciones prometidas a los inversores.

El laudo, dictado en 2019, impuso una indemnización de 59,6 millones. A esta cifra hay que sumarle la acumulación de intereses desde el 30 de junio de 2014 a una tasa del 2,07%, así como distintas condenas en costas sufridas por España, lo que eleva el total pendiente de pago a unos 73 millones de euros.

El fallo de la justicia belga ordena a Eurocontrol notificar a ENAIRE en un plazo máximo de 15 días. Las cuentas embargadas mueven hasta 500 millones de euros al año en tasas aéreas, con especial volumen en los meses de verano. Cualquier perturbación en estos flujos podría tener un impacto sobre los servicios aéreos comerciales y de carga.

España acumula un total 26 laudos pendientes de pago por el caso de las renovables, con una deuda cercana a los 1.493 millones de euros debido al principal de estas decisiones. A esa cifra hay que sumarle alrededor de 180 millones en concepto de intereses de demora, así como el impacto de las condenas en costas, que rebasan los 90 millones.

Ningún otro país tiene un mayor número de condenas arbitrales en situación de impago, y solo Venezuela y Rusia comparten con España el dudoso honor de figurar como deudores reincidentes.

Este nuevo varapalo legal a los impagos a las renovables de España llega apenas unas semanas después de que el Gobierno accediera a pagar —por primera vez— uno de estos laudos, referido al caso del grupo japonés JGC. Por tanto, los afectados reiteran su disposición a negociar y recuerdan que la resolución de la actual circunstancia requiere de dinámicas constructivas que permitan zanjar los impagos acumulados, evitando nuevas situaciones como el embargo que ahora se autoriza.