Eliminar trabas al comercio bajaría un 1,7% los precios, elevaría un 0,8% el PIB y crearía 88.000 empleos

Las trabas al comercio que imponen en España el Gobierno central y los autonómicos está restando impulso al crecimiento del PIB hasta en un 0,8%. De eliminarse estas restricciones, la renta familiar podría aumentar hasta en 470 euros y podría suponer una reducción de hasta 1,7 puntos del Índice de Precios de Consumo, así como crear 88.000 empleos. Estas son las principales conclusiones del informe sobre calidad institucional del sector comercial realizado por el Instituto de Estudios Económicos, una entidad dependiente de la patronal de empresarios CEOE.

Las resultados del estudio tienen especial importante en la actual coyuntura económica, marcada por una inflación que, aunque se ha desacelerado en el último tramo del año pasado, se sitúa en el 5,9%, y que si se descuentan los alimentos no elaborados y la energía -lo que se conoce como inflación subyacente- ha escalado hasta el 7%, la tasa más elevada de la Unión Europea. Un nivel tan alto se explica por las intensas subidas de precios durante la primera parte de 2022, sobre todo en el transporte -debido el encarecimiento del combustible- y el elevado precio de la luz, que se han trasladado a toda la cadena de producción.

Las recomendaciones del Instituto cobran además especial relevancia ante las presiones del sector de Gobierno encabezado por Unidas Podemos para topar los precios de los alimentos. Este lunes, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha propuesto intervenir directamente en el mercado de la alimentación para abaratar la cesta básica de la compra y acotar, al menos durante 2023, el precio de estos productos a los niveles que presentaban cuando comenzó la guerra de Ucrania, en febrero del año pasado. Y en caso de que el PSOE se oponga, se abren a estudiar bonificaciones directas al precio de los alimentos, pero desplegando un impuesto a grandes empresas de distribución para compensar el despliegue de fondos públicos.

Esta clase de medidas va justo en sentido contrario a las propuestas de los empresarios conocidas ayer. Para la entidad que preside Íñigo Fernández de Mesa, también vicepresidente de CEOE, es la mejora de la calidad institucional en el sector del comercio la que impulsaría la renta familiar y ayudaría a reducir la inflación. Las principales cargas administrativas y requerimientos regulatorios del sector del comercio que se han identificado en el estudio son la pérdida de tiempo para acceder a la normativa urbanística municipal, los retrasos en las Licencias de Obra y de Apertura, y la existencia de una excesiva arbitrariedad en la concesión de estas últimas. A esto, en los últimos años se ha sumado las exigencias medioambientales, que han terminado por convertirse en obstáculos de muy compleja solución.

Otras cuestiones que abundan en un aumento de los precios y una pérdida de bienestar para los ciudadanos son los costes operativos, de aprovisionamientos y de gestión -que engloban toda una serie de ineficiencias relativas a los trámites aduaneros y a la distribución urbana de mercancías, así como la regulación de residuos, envases y procedimientos, o los costes que tienen que soportar como consecuencia del problema del hurto multirreincidente, los abusos en las prácticas de devoluciones y los problemas que se plantean a raíz de los abusos y el fraude asociado a las reseñas en comercio electrónico.

Esta reducción de costes podría suponer un aumento significativo en la inversión en el sector y un incremento del número de empleos estimada en 88.000 personas. Además, hay que señalar que la mejora de la calidad institucional -la regulación normativa- no sólo mejora la renta de los hogares y el desempeño de las empresas, sino que también podría suponer un aumento de la recaudación tributaria de 870 millones al año.

En la regulación aplicada al sector del comercio, España tiene una regulación peor que la de nuestro entorno, ocupando la posición 27 de 38 países, situándose la misma del orden de un 15% por debajo del promedio de la UE. En el caso concreto de España, la regulación del comercio se valora como más desfavorable que la normativa general y con una tendencia al deterioro de los últimos años.

Para cambiar este estado de cosas, el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, propuso varias medidas como mejorar la eficiencia en los procesos administrativos, con un acceso más directo a los técnicos para conocer, de primera mano, las mejoras y los cambios que se deben realizar en los proyectos para la obtención de licencias y permisos, así como agilizar su tramitación. Izquierdo también pidió otorgar seguridad jurídica y estabilidad al marco regulatorio del sector, reducir los plazos administrativos, requisito fundamental para promocionar la inversión y la eficiencia, así como reforzar el silencio administrativo positivo y sustituir la autorización previa por una declaración responsable.

El informe del Instituto propone igualmente el reconocimiento mutuo de normativas por las comunidades autónomas, así como la unificación de las plataformas digitales para hacerlas compatibles entre las distintas regiones. Respecto a la regulación en materia de protección de los consumidores y derechos lingüísticos, se debería eliminar la actual inseguridad jurídica y la pérdida de competitividad que implica que cada comunidad autónoma legisle sin coordinación alguna con el resto de las Administraciones. También se considera conveniente facilitar y mejorar los accesos al centro de las ciudades, lo que permitiría una importante reducción de los costes de aprovisionamiento.