Deloitte dijo que Popular valía 1.200 millones y luego justificó que los accionistas lo perdieran todo

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 26/05/2021 13:42
  • Actualizado: 26/05/2021 17:58

La declaración del secretario general técnico de Banco Popular el martes en la Audiencia Nacional dio mucho juego. No solo desveló que Santander había ofrecido 7.000 millones por el banco y BBVA 5.500 en noviembre de 2016; además, aseguró que Deloitte valoraba el banco en 1.200 millones antes de su resolución, pero, después de esta medida, justificó el precio negativo de -2.000 millones aplicado a su venta a Santander.

Además, Miguel Ángel Moral señaló que le informó de esa valoración Francisco Celma, el socio de Deloitte que también había sido el auditor de Bankia  en su salida a bolsa, por lo que fue imputado y juzgado en la Audiencia Nacional, juicio en el que fue absuelto junto a Rodrigo Rato y la cúpula de la entidad. Celma recomendó que no se hiciera con bail-in (asunción de pérdidas por los accionistas y los bonistas) y que ya a precio cero le parecía una buena operación que iba a evitar muchos líos, como la causa actual en la Audiencia.

Este directivo de Popular declaró ante el juez José Luis Calama  que «en los informes de Deloitte y de Arcano para justificar la resolución por encargo de la JUR [Junta Única de Resolución] pone que la valoración de Popular era de -2.000 millones de euros, mientras que a mí me trasladaron verbalmente que el precio de mercado de Popular era de 0,30 euros por acción. Me lo dijo Francisco Celma, de Deloitte», según fuentes presentes en la declaración. Esos 0,30 euros equivalen a una valoración del total del banco de unos 1.200 millones.

La JUR contrató a Deloitte para elaborar un informe que determinara si habría sido mejor llevar el banco a concurso ordinario o aplicar la normativa de resolución, informe que concluyó que la valoración aplicada por la JUR (los -2.000 millones negativos que perdieron accionistas y bonistas) era menos dañina que la pérdida que habrían sufrido en un concurso, cifrada en más de 23.000 millones. Arcano fue contratado por el FROB, que ejecutó la decisión de la JUR.

Sin embargo, este directivo explicó ante el juez que tanto Deloitte como Arcano (representado por Jaime Carvajal) estuvieron presentes en el ‘virtual data room’ (lugar donde se podían examinar las ‘tripas’ de Popular por los interesados en comprarlo) de la subasta organizada por Emilio Saracho en mayo de 2017. Y que ambos pensaban que la entidad no podía venderse por menos de su precio de cotización en Bolsa.

Entonces, ¿cómo justificaron después la valoración negativa para la resolución? Según Moral, porque «las valoraciones que hizo Deloitte eran muy libres y no respondían a la realidad del banco. Las valoraciones se confeccionan en base a asunciones; en función de las asunciones de las que partas, te sale una valoración u otra». Hay que recordar que Deloitte fue sancionado por falta de imparcialidad cuando era auditor de Santander.

«Popular habría sobrevivido si se le hubiera dado más tiempo»

Este directivo también aseguró ante el magistrado que Popular podría haber evitado la resolución si se le hubiera concedido más tiempo, pero nadie quiso hacerlo. «Se le trasladó a Elke König [presidenta de la JUR y citada a declarar en la Audiencia] que Popular iba a incumplir los requerimientos de capital normativos, que se estaban implementando medidas, y que, si se daba más tiempo, Popular podría salir adelante. Si no, entraría en situación de complejidad. König no nos pidió nada en concreto».

Estas conversaciones fueron mantenidas en una reunión con Saracho, Moral y Juan Echano (director de relaciones institucionales de Popular) celebrada en Bruselas en marzo de 2017. A juicio del secretario general, si se hubiese ofrecido Popular a otros operadores extranjeros y si se le hubiese dado más tiempo, no habría sido necesario resolver el banco tal y como se hizo. Y recalcó que 15 días antes de la resolución estaba convencido de que se podía hacer una operación corporativa

Las noticias negativas sobre el banco y las famosas declaraciones de König en las que aseguraba que la JUR tenía a Popular en vigilancia especial aceleraron la caída, en su opinión. El propio Calama calificó estas declaraciones de «inauditas» durante la declaración, según las fuentes.

Moral cree que nadie quiso meterse en un lío: «ayudar a Popular habría podido tener consecuencias negativas para la JUR, el FROB, el Banco de España, Deloitte o Arcano, mientras que no hacerlo no tenía ningún riesgo». Lo que más le sorprendió fue que el Banco de España no aceptara como garantía para concederle liquidez sus activos fiscales garantizados (DTA) por valor de 2.000 millones, ya que eran equivalentes a bonos del Tesoro.