Escrivá será destituido como gobernador del Banco de España si acaba imputado por aplazar la deuda de Plus Ultra
La compañía acumulaba obligaciones pendientes superiores a 451.000 euros con la Seguridad Social
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, podría verse obligado a abandonar el cargo de gobernador si la investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra derivase en una imputación formal por delito doloso vinculada al aplazamiento de las deudas de la aerolínea con la Seguridad Social. La propia Ley de Autonomía del Banco de España establece expresamente el cese del gobernador en caso de «procesamiento por delito doloso».
La amenaza sobre Escrivá aparece después de que el auto judicial del caso Plus Ultra pusiera el foco en las relaciones entre el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero durante la tramitación del rescate público de 53 millones de euros concedido por la SEPI. El documento recoge incluso una reunión celebrada el 7 de septiembre de 2020 entre Zapatero y Escrivá en pleno proceso de evaluación de las ayudas.
La deuda con la Seguridad Social
El núcleo del problema jurídico está en la situación de deuda que mantenía Plus Ultra con la Tesorería General de la Seguridad Social. Según el auto, la compañía acumulaba obligaciones pendientes superiores a 451.000 euros correspondientes al periodo comprendido entre 2017 y 2020.
Pese a ello, la aerolínea logró presentar certificados oficiales que acreditaban estar «al corriente» con la Seguridad Social, requisito imprescindible para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
El documento judicial detalla cómo la Seguridad Social aprobó distintos aplazamientos y reconsideraciones de deuda, incluyendo resoluciones posteriores a la solicitud de rescate presentada ante la SEPI. Es decir, se aplazaron las deudas de manera que, en el momento del rescate, cualquier consulta diera como resultado que Plus Ultra estaba al corriente de pago.
Ese punto es especialmente sensible porque la ley exigía expresamente que las empresas beneficiarias estuvieran al corriente de pago a 31 de diciembre de 2019.
La ley del Banco de España
La situación adquiere ahora una dimensión institucional mucho mayor porque Escrivá ya no ocupa un ministerio, sino la gobernación del Banco de España. Se trata de uno de los cargos más sensibles del sistema financiero español.
La Ley de Autonomía del Banco de España establece en su artículo 25 que el gobernador podrá ser cesado en caso de «procesamiento por delito doloso». La norma añade además que, en ese supuesto concreto, ni siquiera sería necesaria una propuesta previa del consejo de gobierno del Banco de España para activar la destitución.
Zapatero, SEPI y los contactos políticos
El auto judicial también recoge múltiples conversaciones intervenidas por la UCO en las que distintos implicados hablan de la influencia política desplegada alrededor del rescate. La investigación apunta además a que personas vinculadas al expediente conocían la aprobación del rescate incluso antes de la reunión formal del consejo gestor que debía evaluarlo.
Todo ello sitúa ahora bajo presión política y jurídica a Escrivá, cuya continuidad al frente del Banco de España podría quedar comprometida si la investigación escalase hacia responsabilidades vinculadas a la gestión de los aplazamientos concedidos a Plus Ultra.
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