La criticada ley sobre los interinos en el sector público supera la Comisión del Senado sin cambios
El Gobierno pacta que los interinos que lleven cinco años en su plaza pasen a ser fijos sin opositar
Sánchez regalará plaza fija a interinos sin oposición pero deja fuera a jueces y fiscales sustitutos
Luz verde al acuerdo para reducir la temporalidad y regularizar a 300.000 interinos antes de 2025
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El proyecto de ley de reducción de la temporalidad en el sector público ha sido aprobada sin modificaciones por la Comisión de Función Pública del Senado mientras los grupos de la oposición reiteran la necesidad de cambios en el texto y denuncian la «inseguridad jurídica» que provocará la norma, que incluye, entre otras medidas, que algunos interinos puedan optar a plazas fijas sin oposición y que contempla que más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por interinos se convertirán en fijas.
Este paso en la comisión de la Cámara Alta se ha dado sin atender a ninguna de las 109 enmiendas propuestas y es previsible que se tramite el próximo 23 de diciembre en el último pleno del año del Senado.
La ley persigue reducir la temporalidad del sector público al 8%, desde el actual 30% y afecta a más de 300.000 interinos que pasarían a fijos antes del 31 de diciembre de 2024.
En este proceso, las administraciones convocarán por el sistema de concurso, sin oposición, las plazas ocupadas «con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016», por lo que los interinos que tengan esa antigüedad pueden optar a plazas fijas sin oposición sino vía concurso de méritos.
Esther Basilia del Brío (PP) ha lamentado cómo los grupos que apoyan al Gobierno no han atendido a las enmiendas presentadas y ha criticado que la norma debería incluir más participación de comunidades autónomas, ayuntamientos y otras administraciones en el desarrollo del proceso.
En su opinión, la tramitación de esta ley se realiza sin atender a las mejoras por la necesidad de que ve a la luz lo antes posible al ser parte del conjunto de medidas que el Gobierno de Sánchez se ha comprometido con Bruselas a aprobar en el marco del Plan de Recuperación.
El Gobierno será la ETT más injusta de España
«La ley puede convertir al Gobierno en la Empresa de Trabajo Temporal (ETT) más injusta de España», ha defendido la senadora popular. El PP también ha advertido de la «litigiosidad» que creará la legislación sino se resuelve los problemas de «inseguridad jurídica» que plantean algunas partes del texto.
El senador José Luis Muñoz, de Ciudadanos, ha vaticinado los conflictos judiciales que se abrirán una vez aprobada la ley si no se introducen mejoras.
Por su parte, el senador del Partido Aragonés Clemente Sánchez-Garnica, ha destacado que «la ley recoge avances respecto al ‘Icetazo’ -en alusión al proyecto planteado inicialmente por el ministro Miquel Iceta-» y ha recordado que España tiene «abiertos dos procedimientos sancionadores» por parte de la Unión Europea (UE) por incumplir sus obligaciones en materia de empleo público.
Incluso el grupo parlamentario Izquierda Confederal (que agrupa a Compromís, Más Madrid, Geroa Bai y En Comú Podem, entre otras formaciones) ha criticado la ley y su portavoz, Carles Mulet, ha pedido al Ejecutivo «respeto» al Senado y le ha instado a tener en cuenta las enmiendas de los grupos para mejorar el documento.
«El margen para que prosperen es nulo. Es una práctica que mina la confianza que tenemos en el actual Gobierno (…) Les pedimos que rectifiquen, porque hablamos de mejorar la situación de muchísimas personas», ha esgrimido Mulet, quien, no obstante, ha reconocido que el texto final está «más cerca» de su posición de partida que la que tenía el Ejecutivo en un principio.
Sin embargo, el senador socialista Santiago José Castellà ha defendido que el proyecto de ley sí ha sido consensuado y ha recalcado que el problema de la interinidad se concentra en ayuntamientos, diputaciones y gobiernos regionales, ya que «la Administración General del Estado cumple con creces el mandato de cuotas de temporalidad».
La norma proviene del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, aprobado en Consejo de Ministros y que se convalidó en el Congreso el pasado 21 de julio, fecha desde la que se tramita como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia.
Gracias al cambio de voto de ERC
En su paso por el Congreso en julio, el Gobierno logró sacar adelante la proposición de ley sobre la regulación de los trabajadores interinos para limitar la temporalidad en el empleo público gracias al cambio en el voto de ERC, que finalmente apoyó la propuesta por la cesión del Ejecutivo en algunos aspectos de la norma.
Entre ellos, que los trabajadores que llevan diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos.
La votación fue muy ajustada, ya que votaron a favor 170 diputados, 169 en contra y ocho se abstuvieron, después de una primera votación en la que hubo empate.
El cambio en el voto de ERC fue clave y su portavoz, Pilar Vallugera, admitió que «habían cambiado de voto en cinco horas» gracias a la negociación de esa mañana con el PSOE. Y, para este cambio de voto, había sido importante que las comunidades autónomas puedan modificar las convocatorias de los exámenes a su antojo -y que no sean eliminatorias-.