La CNMC no se dividirá en dos organismos como exigió Ciudadanos al PP en el pacto de investidura

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantendrá sus estructuras y funciones actuales durante todo lo que resta de legislatura, ya que PP y Ciudadanos han enterrado cualquier posibilidad de reforma en la línea del pacto firmado entre ambas formaciones para la investidura de Mariano Rajoy y que planteaba dividir este organismo en dos entidades.

Fuentes parlamentarias han asegurado a OKDIARIO que el punto 13 del pacto entre PP y Ciudadanos que establecía esta reforma «está enterrado y bien enterrado» por la falta de interés del partido del Gobierno por llevarla a cabo y porque la crisis institucional catalana ha roto cualquier posibilidad de que el ejecutivo pueda sacar adelante modificaciones legislativas «más allá de la transposición de directivas europeas».

La pretensión de Ciudadanos era que la CNMC se dividiera en dos entidades: una destinada a supervisar las empresas de los sectores regulados y otra que asumiera las funciones para defender de la competencia y garantizar la unidad de mercado en todo el territorio español.

Para ello presentó una Proposición no de Ley que pasó sus trámites iniciales en el Congreso y que, tras ser modificada por la Comisión de Economía, Industria y Competitividad el pasado diciembre, se ha quedado en papel mojado.

En la redacción original del texto normativo realizada por Ciudadanos, se establecía que «el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para proceder a la separación de la CNMC en dos nuevas entidades independientes». Sin embargo, tras ser aceptada una enmienda del PP se modificar la redacción a «instar al Gobierno a analizar la posibilidad de adoptar…».

Las fuentes consultadas explican que por parte del PP nunca ha existido la voluntad de cumplir el citado punto número 13 del pacto con Ciudadanos, ya que la estructura actual de la CNMC es adecuada para cumplir sus funciones. «Hay un acuerdo tácito de todos para que la institución que preside José María Marín Quemada tenga la oportunidad de mantener su statu quo, al menos hasta que haya una nueva legislatura», indican.

Otra cosa es el nombramiento de los consejeros y de su presidente, una materia que los políticos quieren asumir para tener un mayor control de esta institución independiente, así como de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Autoridad de Responsabilidad Fiscal (AIReF), entre otras.

El nombramiento de altos cargos

Sin embargo, en esta segunda cuestión tampoco hay acuerdo entre los grupos parlamentarios. Ciudadanos quiere que una comisión independiente sea la encargada de nombrar a los altos cargos de los organismos reguladores y supervisores incluyendo al Banco de España, pero el PP lo rechaza limitando este nuevo método de designación a la CNMV, la CNMC y la AIReF.

Las divergencias van más allá, dado que Ciudadanos rechaza la pretensión del PP, que quiere que la comisión independiente de nombramientos esté presidida por el presidente del Consejo de Estado (con voto de calidad) y por los máximos responsables del Banco de España, la CNMV y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

La propuesta inicial de Ciudadanos indicaba que esta comisión debería estar presidida por el magistrado de la sala Tercera del Tribunal Supremo e integrada por un consejero permanente del Consejo de Estado; el presidente de la AIReF; un catedrático con el número máximo de sexenios de investigación; una persona que haya desempeñado un puesto similar al que sea objeto de informe; y otra que haya sido juez o abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); así como un letrado de las Cortes Generales, que actuaría como secretario con voz pero sin voto.

Ciudadanos siempre ha defendido que la independencia de esta comisión se basa en que, salvo el presidente de la AIReF, el resto de integrantes serían elegidos por sorteo en su campo  y su mandato sólo sería de dos años. La propuesta normativa de la formación naranja establecía también que los candidatos deberían comparecer en el Congreso para que la Cámara emitiera su propio informe antes de proceder al nombramiento en Consejo de Ministros.