Calviño reclama al BCE que evite una recesión pese a que su único objetivo es la inflación

La vicepresidenta Nadia Calviño parece no tener claras cuáles son las competencias y obligaciones del Banco Central Europeo ni tampoco conoce los límites a que debería atenerse la política fiscal del Ejecutivo del que forma parte. Esta semana, y en una reunión con inversores a la que asistían los principales empresarios y ejecutivos del país reclamó al BCE que las subidas de tipos de interés que tiene previsto ejecutar durante al menos el primer semestre de este año no provoquen una recesión.

Como ella misma en el fondo conoce, y a diferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, el mandato estatutario de la institución que preside Christine Lagarde es tratar de reconducir la inflación a un entorno del 2%. Punto final. En América, sin embargo, junto a la exigencia de contener los precios en niveles sostenibles y lo más eficientes posibles para impulsar un crecimiento económico sano, la FED también debe procurar que el alto precio del dinero no perjudique el nivel de empleo -actualmente la tasa de paro de EEUU está por debajo del 3,5%-.

Aunque en la citada reunión con inversores -celebrada el pasado jueves en el marco del Spain Investor Day organizado por Estudio de Comunicación- Calviño admitió que el BCE debe procurar conseguir su objetivo de que la subida de los precios se estabilice en el 2% instó al banco central a evitar por todos los medios un descenso del crecimiento económico que pueda desembocar en una recesión. Según los últimos datos, la inflación en Europa se situó en diciembre en el 9,2%, todavía muy lejos de la meta oficial, y existe la impresión de que puede repuntar en enero, una vez que algunas de las medidas adoptadas por los países miembros para paliar los efectos de la crisis provocada por la guerra de Ucrania dejen de estar en vigor. Por ejemplo, la gratificación total por el consumo de gas en diciembre que corrió a cargo del Gobierno de Alemania y que este mes de enero ha dejado de estar en vigor.

En todo caso, las declaraciones de Calviño también son contradictorias con las previsiones que maneja el Gobierno, que sigue sosteniendo que el PIB aumentará este año un 2,1% -según se recoge en los presupuestos de Estado para 2023-, muy lejos por tanto de la contracción económica que supone una recesión, ya sea de carácter técnico -dos trimestres consecutivos de caídas de la actividad económica-. Bien es verdad que estas previsiones han sido desacreditadas por todos los organismos internacionales, así como por los principales servicios de estudios del país, cuyas estimaciones sitúan el alza del PIB en el 1% como máximo, y en el caso de numerosas entidades privadas incluso muy por debajo de esta cifra.

A lo largo de la reunión, la vicepresidenta también presumió de que España tenga la tasa de inflación más reducida de la UE -un 5,7% frente a un 9,2% de la media europea-, si bien omitió que la inflación subyacente -que es la estructural, la más permanente, la más estable, así como la más difícil de perforar a la baja- es, al mismo tiempo, la más elevada de la zona euro -de  un 7% frente al 5,4% en la Eurozona-. Igualmente, Calviño también lanzó ante los inversores el mensaje de que la política económica del Ejecutivo está ayudando a moderar la inflación, aunque la realidad sea justamente la contraria, dada la expansión del gasto público aprobada en los presupuestos para 2023 -la mayor de la historia-, así como la indiciación de algunas prestaciones públicas y sociales muy por encima de como están subiendo actualmente los precios: las pensiones o el ingreso mínimo vital, por citar dos casos emblemáticos. Todas estas decisiones trabajan justo en el sentido contrario al de reprimir la demanda y contener los precios como dio a entender Calviño.

La vicepresidenta añadió en su favor el empeño que está poniendo el Gobierno en favor de alcanzar un pacto de rentas que evite una espiral de precios y de salarios que alimente la inflación, conteniendo, por contra, tanto las remuneraciones exageradas de los trabajadores como los beneficios excesivos de las compañías. Pero olvidó mencionar que, en estos momentos, tal acuerdo tiene un horizonte más que sombrío, ya que las relaciones entre el Gobierno y los empresarios están completamente rotas, después de las decisiones adoptadas por Sánchez para subir las cotizaciones sociales, poner el control de los ERTES en manos de los sindicatos, patrocinar una nueva subida del salario mínimo interprofesional o establecer nuevos impuestos sobre sectores de actividad concretos como las eléctricas y la banca.

De igual manera, también están fundidas las relaciones entre la patronal y los sindicatos. Estos últimos han desarrollado durante el año pasado concentraciones y movilizaciones en contra de los empresarios por su negativa a acceder a las reivindicaciones salariales de las centrales y su oposición a un aumento adicional del SMI.  La conclusión parece evidente: ninguna de las pretendidas fortalezas de la economía española esgrimidas por Calviño para seducir al capital exterior y atraer flujo de inversión extranjera son ciertas. Tampoco es verdad que la política fiscal del Gobierno esté contribuyendo a estabilizar la economía y contrarrestar los riesgos inflacionarios, por no insistir en que desconoce las competencias y facultades del Banco Central Europeo.