Bruselas expedienta a España por el pacto entre PP y PNV para rebajar la electricidad a las pymes vascas

La Comisión Europea ha abierto un expediente informativo a España por la decisión del Gobierno de utilizar una parte de las competencias en materia de peajes eléctricos –sustraídas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)– para rebajar un 50% la tarifa de la luz a las empresas vascas.

Según ha anunciado el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, el Gobierno está preparando su respuesta a Bruselas, que ha tomado cartas en el asunto por la denuncia que presentó la Generalitat de Cataluña al acuerdo alcanzado por el PP y PNV sobre el peaje eléctrico en la comunidad autónoma vasca. Con este pacto el Gobierno pretendía obtener el apoyo de la formación que dirige Íñigo Urkullu para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

«Pensamos que es una operación buena porque ayuda a la política industrial el hecho de materializar una rebaja de los costes energéticos», ha indicado el ministro, obviando lo elemental: que el acuerdo favorece a unos consumidores (los vascos) por encima de los intereses del resto de territorios.

El objetivo era conseguir el apoyo del PNV a los PGE) dentro del pacto que rebajaba también el cupo vasco y entregaba 1.400 millones de euros adicionales por la supuesta deuda que mantenía el Estado con el Gobierno de Íñigo Urkullu.

Según avanzo OKDIARIO citando fuentes de la CNMC, Nadal utilizó su nuevo margen de maniobra para modificar la tarifa de las empresas vascas encuadradas en una potencia de entre 30.000 voltios y 36.000. Esto implica pasar del tramo 6.1b, cuyo importe medio es de 32 euros por megavatio hora (MWh) al 6.2, en el que el precio medio es de 15,56 euros por MWh. Es decir, que la rebaja de la factura es del 50%.

Esta era una de las reivindicaciones que llevaba años realizando el Gobierno del País Vasco, al considerar que el marco tarifario estaba perjudicando la competitividad de las empresas.

El problema es que este modelo no es exclusivo de esta comunidad autónoma, sino que también afecta a las compañías de Cataluña, Andalucía, Extremadura, Aragón, Navarra, Castilla y León, Cantabria, Asturias y Castilla La Mancha. Según la plataforma energética kV 25/30, tras el acuerdo entre el PP y el PNV todavía hay 4.500 empresas en toda España que, debido a este marco tarifario, tienen un sobrecoste de 250 millones de euros anuales.

Bruselas ya había trasladado a Nadal que la citada reforma de peajes utilizando competencias de la CNMC podía generar una sanción al Reino de España por parte de la Comisión Europea, que había dado de plazo al Gobierno hasta el final de 2017 para que diera marcha atrás en su reforma normativa.

Las autoridades comunitarias ya abrieron expediente en septiembre de 2016 y el Ejecutivo español, en lugar de solventar la cuestión devolviendo facultades al organismo supervisor, aprobó el Real Decreto 903/2017 que termina de vaciar de competencias a la CNMC.

Además, el organismo que preside José María Marín Quemada ha presentado un recurso contencioso–administrativo en el Tribunal Supremo contra el citado Real Decreto, por el departamento de Nadal asumía, entre otras competencias, la de fijar los peajes y establecer las liquidaciones del sistema eléctrico.

En el seno de la CNMC se considera que el Ministerio de Energía necesita las competencias sustraídas para hacer política, al disponer de la capacidad de alterar el precio de la electricidad sin tocar la fiscalidad.