Los ayuntamientos tendrán un superávit de 6.600 millones en 2017 pero hay nueve al borde el impago
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera que los ayuntamientos concluirán el año con un superávit conjunto de equivalente al 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, unos 6.600 millones de euros. Esto supone que se cumplirán las previsiones enviadas por el Gobierno a Bruselas en materia de déficit público que se han plasmado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El superávit presupuestario de los ayuntamiento es el elemento que ha permitido cubrir una parte del desfase que todos los años registra la Seguridad Social. Al principio de cada año el Gobierno incluye en sus previsiones que los consistorios tendrán equilibrio presupuestario (gastarán lo mismo que ingresan), pero al final del año las cuentas municipales en su conjunto arrojan superávit, permitiendo cumplir los objetivos de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas.
Es lo que sucedió el pasado año (cuando las Haciendas Locales concluyeron el ejercicio con un superávit equivalente al 0,6% del PIB) y lo que va a suceder este según las previsiones que maneja el Ministerio de Hacienda y que ahora confirma la AIReF.
No obstante, el organismo que dirige José Luis Escrivá, indica que nueve consistorios están una situación que compromete sus finanzas públicas: Jérez, Alcorcón, Parla, Jaén, Gandía, La Línea de la Concepción, San Andrés del Rabenero, Totana y Navalcarnero.
“Dentro de una buena situación global, existen algunos ayuntamientos con claros problemas de sostenibilidad que se manifiestan en ratios de deuda por encima del 200% de sus ingresos corrientes, remanentes de tesorería negativos persistentes y periodos medios de pago ampliamente superiores a los 30 días fijados en la normativa vigente”, indica el informe de la AIReF.
Tras exponer esta situación, el organismo solicita al Ministerio de Hacienda y Función Pública que «convoque y lidere», para los citados nueve ayuntamientos, una «comisión de expertos», en línea con lo establecido en los artículos 25.2 y 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en la que participe, cuando proceda, la comunidad autónoma tuteladora, «para analizar las causas por las cuales estos ayuntamientos tienen problemas de sostenibilidad y proponer las soluciones más adecuadas».
Además, la AIReF indica las finanzas municipales de Valencia, Murcia y Palma de Mallorca tienen «riesgos elevados de incumplimiento del objetivo de estabilidad» y, por ello, «recomienda» a sus alcaldes que «adapten sus proyectos de presupuestos para garantizar el cumplimiento al cierre de 2018».
Finalmente, el organismo menciona los casos de Barcelona, Bilbao, Vigo y Gijón, con riesgos «más moderados» de incumplimiento, que deben «adoptar las medidas necesarias» para corregir las posibles desviaciones del objetivo de estabilidad según vaya realizándose la ejecución presupuestaria el próximo año.
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