La Audiencia descarta la nulidad de actuaciones tras restituir a Iberdrola la condición de perjudicada

La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por Iberdrola contra la imputación de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, y otros tres directivos de la eléctrica por presuntos encargos a empresas vinculadas al excomisario de policía José Manuel Villarejo. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso en el que la compañía pedía que se declarase la nulidad de los actos procesales que tuvieran lugar en la pieza 17 del denominado caso Tándem.

De este modo se mantiene la declaración de Sánchez Galán para el próximo 18 de enero; ese mismo día está citado el que fuera presidente de Iberdrola España, Fernando Becker, y un día antes tendrán que declarar el director general de negocios, Francisco Martínez Córcoles, y el exjefe del Gabinete de Presidencia, Rafael Orbegozo.

En su recurso, Iberdrola consideraba que al no serle notificada resolución alguna ni haberse dado traslado de escritos de parte, se le ha causado “efectiva y material indefensión”, al no poder alegar, solicitar diligencias o recurrir las resoluciones judiciales, se trataría un supuesto de nulidad de normas del procedimiento que ha producido indefensión, vulnerándose su derecho a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, la Sala no ha constatado que se hayan vulnerado las normas procedimentales, ni que se haya generado clase alguna de indefensión.

En junio pasado, el titular del juzgado central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, imputó a todos en esta causa, que data de finales de 2019 después de que se publicara que la multinacional española presidida por Sánchez Galán habría contratado a Villarejo para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión. En aquel auto, el magistrado apreciaba indicios de que hubo «voluntad» por parte de la compañía de ocultar los trabajos encargados a Cenyt, como mostraría que las facturas fueron emitidas por otra sociedad diferente.

En total, advertía el juez, entre 2004 y 2012 figuran como recibidas y abonadas quince facturas sin pedido emitidas por la empresa de Villarejo, por un importe de 1.047.324 euros. Entre los servicios solicitados se encuentra el llamado «proyecto Posy», centrado en investigar al presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, «a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola». De hecho, entre la documentación intervenida se encontraban los datos del censo de Pérez y de su familia; para entonces, año 2009, Sánchez Galán «ocupaba ya el cargo de presidente».

Otro de los proyectos encargados a través del entonces jefe de seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, fue el denominado «Black Board» o «B-B», desarrollado en 2004 y 2005 y que, según el informe de Cenyt, «tenía por objeto conocer información de naturaleza sensible» acerca del entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro. En aquellos años, Sánchez Galán ocupaba el puesto de vicepresidente y consejero delegado de la compañía, en tanto que Becker, histórico del grupo, era director de recursos humanos y servicios, y Martínez Córcoles, director de generación.

Junto a los altos directivos de esa época, el juez también imputó a Iberdrola Renovables como persona jurídica, al detectar un posible delito de cohecho en la presunta contratación de Villarejo para llevar a cabo una investigación a la sociedad suiza Eólica Dobrogea. La filial de la eléctrica se había aliado con ella para acometer una serie de proyectos en Rumanía; sin embargo, en este proceso surgieron diferentes conflictos que fueron resueltos de forma favorable para la compañía española en un procedimiento arbitral.