La Audiencia Nacional imputa a Narcís Serra y a 13 directivos por la quiebra de Caixa Catalunya

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado al ex presidente de Caixa Catalunya Narcís Serra, al ex director general Adolf Todó y a otros trece altos cargos por un delito de administración desleal que provocó  un agujero de más de 720 millones de euros en el balance de la entidad. Entre los directivos imputados figura también Antonio Llardén, vicepresidente de la caja en 2007 y actual presidente de Enagás.

El auto, al que ha tenido acceso la agencia EFE, se ha dictado tras a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que inició las diligencias a instancias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que es el organismo público encargado de gestionar el rescate de las cajas de ahorros.

Según los datos del FROB, el dinero público que recibió la antigua caja de ahorros ha alcanzado la cifra de 13.889 millones de euros, de los cuales sólo se han recuperado 782 millones. La entidad, tras su cambio de nombre a Catalunya Caixa y, luego, a Catalunya Banc) fue vendida en subasta a BBVA, que la integró en su grupo para ampliar la cuota de mercado en Cataluña.

Los indicios de que la cúpula de Catalunya Caixa cometió administración desleal se han descubierto tras analizar un conjunto de operaciones inmobiliarias realizadas por la entidad financiera entre los años 2000 y 2013 que fueron instrumentalizados a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (PROCAM).

En su escrito, el fiscal Fernando Maldonado indica que la caja de ahorros adquirió inmuebles y «compromisos económicos relevantes» y habría concedido créditos «desproporcionados»; asimismo, la Fiscalía ha detectado irregularidades en los pactos de separación de los socios de dichas participaciones empresariales.

La Fiscalía señala también que los órganos de gobierno de la entidad bancaria aprobaron operaciones en promociones inmobiliarias en España y también en Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía «un riesgo en la inversión».

El consejo de Administración, que podía aprobar créditos con garantía real de hasta 12 millones de euros y sin garantía real de hasta seis millones, elevó estos umbrales hasta 24 y 12 millones de euros, respectivamente; posteriormente, se incrementaron hasta 30 millones para créditos con garantía personal y hasta 60 millones para aquellos con garantía real.

Además, entre los años 2001 y 2007 se acometieron inversiones cuyos avales eran la mera palabra del socio, sin informes externos independientes, sin valoraciones adecuadas y sin un análisis exhaustivo de los riesgos. Además, no se protegían los intereses de la entidad con cláusulas al efecto, y cuando si se incluían estas cláusulas, no fueron ejecutadas o se mostraron inútiles.

El fiscal también ha detectado la existencia de conflicto de intereses, ya que algunos de los terrenos eran propiedad de alguno de los socios; en algunos casos, las operaciones inmobiliarias se llevaron a cabo sin la pertinente autorización de la Comisión Ejecutiva. El escrito apunta que la decisión del consejo de administración del 29 de abril del 2008 de separación de socios ante la situación de crisis inmobiliaria «fue un error» que supuso un mayor perjuicio.

Narcís Serra y Adolf Todó tienen otra causa pendiente, por los sobresueldos millonarios que cobraron a partir de 2010, después de que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) solicitara el pasado 27 de febrero la apertura de juicio oral contra ambos.