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Arrendatarios del Estado acusan al Gobierno: «El que más puede ayudarte te pone un pie en el cuello»

  • Natalia Mateos
  • Periodista y redactora de economía en OKDIARIO. Tras tres años escribiendo sobre turismo y sus empresas, ahora estoy descubriendo el mundo de la distribución y el retail. Antes en el Palacio de la Bolsa y Cadena Cope. De Zamora y del Zamora.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha pedido en numerosas ocasiones a los arrendadores y a las compañías que tengan comprensión con los autónomos y pequeños comerciantes dada la situación actual en la que nos encontramos. Sin embargo, es también el propio Ejecutivo el que no está mostrando esa misma sensibilidad con los arrendatarios de Patrimonio Nacional, organismo público dependiente de Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, que denuncian que «el que más puede ayudarte te pone un pie en el cuello».

Muchos de los afectados han solicitado una exoneración de la renta mientras dure el estado de alarma y no puedan ejercer su actividad con normalidad. La respuesta que obtuvieron por parte del Departamento Jurídico de Bienes Inmuebles es que, debido a las circunstancias actuales, no se reclamarían las rentas aunque sí tendrían que facturarlas y posteriormente analizar de forma individualizada cada caso.

A pesar de este compromiso, hace apenas cuatro días los arrendatarios de Patrimonio Nacional recibieron un mensaje en el que se les comunicaba que se les iba a otorgar una moratoria en el pago de la renta (de cuatro meses máximo), sin intereses y que se repercutiría durante dos años. Una de las afectadas remarca a OKDIARIO que «es increíble que el Estado te cierre y después de obligarte a cesar la actividad pretenda cobrarte el alquiler integro y como si te hicieran un favor te conceden una moratoria». 

Facturas

Algunas de las facturas que Patrimonio Nacional sigue cobrando a estos arrendatarios superan los 4.000 euros mensuales, por lo que resulta imposible para muchos de los afectados asumir el pago mientras su negocio se encuentra cerrado. Los afectados denuncian la falta de sensibilidad de la que hace gala el Gobierno, al pedir al sector privado y los individuos particulares que lleven a cabo esfuerzos, que ellos mismos no están dispuestos a asumir.

Desde Podemos se ha pedido al sector socialista del Gobierno la creación de un fondo de ayudas para el pago del alquiler de los locales comerciales, pero mientras tanto, el Ministerio de la Presidencia continúa cobrándoselo a los afectados que dependen directamente de su gestión. De este modo, el Gobierno socialcomunista ha levantado las críticas con su actuación poco flexible y solidaria.