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El AMB abre un expediente sancionador a Aigües de Barcelona por «falta de transparencia»

El AMB abre un expediente sancionador a Aigües de Barcelona por «falta de transparencia»
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El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha abierto un expediente sancionador a Aigües de Barcelona por "falta de transparencia", ya que acumula más de un año y medio solicitando información imprescindible para la gestión del servicio que no se le ha entregado, según ha explicado este viernes el concejal de Barcelona y vicepresidente del AMB Eloi Badia.

Badia ha asegurado que la empresa se niega a dar información sobre ámbitos como tarifas, costes y sueldos, lo que dificulta a la administración tomar decisiones económicas de la gestión, también vinculadas a las tarifas, lo que podría reducir el coste de las facturas que asume la ciudadanía, ha dicho en rueda de prensa junto a la directora de la Agencia de Transparencia del AMB, Gemma Calvet.

La apertura del expediente por presunto incumplimiento de la Ley de Transparencia ya ha sido notificada a la empresa, y éste deberá resolverse en un máximo de seis meses, periodo durante el que una instructora investigará los indicios, escuchará a las partes y hará una propuesta de resolución del expediente sancionador, que al empresa podrá recurrir después.

La Ley de Transparencia de la Generalitat califica estos incumplimientos de muy graves, a los que se pueden aplicar sanciones como multas de entre 6.001 a 12.000 euros; la suspensión para poder contratar con la administración pública durante seis meses; la inhabilitación para ser beneficiario de ayudas públicas durante entre uno y cinco años, y la cancelación de la inscripción en el registro de grupos de interés, ha explicado Calvet.

Es la primera vez que la Agencia de Transparencia del AMB abre un expediente de estas características desde que fue creada en 2015: "No nos hemos encontrado ningún otro caso" como este, ha dicho Calvet, que ha resaltado que este asunto no tiene nada que ver con el calendario electoral y que, tras los seis meses, se judicializará si la empresa recurre.

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