El alza de los costes enfría la contratación en las pymes: sólo el 11% aumentará su plantilla este año
Gente sin trabajo y trabajos sin gente: Cepyme alerta de que en España hay 100.000 vacantes sin cubrir
El 67% de las pymes no contratará más trabajadores por el alza de los costes laborales
Reforma laboral, Salario Mínimo Interprofesional… Los costes para las pequeñas empresas en materia de empleo, sumados al alza de los precios del alquiler, la electricidad o las materias primas, están ahogando los procesos de contratación, haciendo que el 82% de las pymes no se plantee ampliar su plantilla este año.
Según el informe La financiación de la pyme en España de Cesgar del 84,2% de las pymes considera que no habrá variaciones importantes en el número de personas empleadas en los próximos doce meses y que el empleo se mantendrá estable. Un 11,4% de pymes cree que aumentará el número de personas en plantilla y un 2,8% que éste disminuirá. Por último, un 1,6% de los responsables de pymes no sabe cuál será la evolución de empleo en sus empresas.
Y es que, el 47% de las pequeñas empresas españolas no ven claro el futuro de su negocio y más del 60% de los autónomos españoles considera que la situación económica de su sector ha empeorado recientemente y lo seguirá haciendo en los próximos años. Es una de las principales conclusiones de un estudio llevado a cabo por DAS Seguros, compañía de seguros de protección jurídica, que pone de manifiesto la enorme incertidumbre con la que vive este segmento, que en España constituye el 99% de las empresas y representan el 62% del VAB (valor agregado bruto), según el Ministerio de Industria.
Pero más allá de la situación económica de sus respectivos sectores, hay aspectos de la gestión del día a día que preocupan especialmente a pymes y autónomos, entre lo que destacan el impago de facturas, la gestión y posibles conflictos con su plantilla y el profundo desconocimiento de las empresas sobre las consecuencias económicas y los gastos jurídicos que podría comportar tener un conflicto legal. También la dificultad para acceder a subvenciones a las que pueden optar y, en general, todos aquellos trámites que tienen que llevar a cabo con la administración son aspectos que el segmento tiene entre sus preocupaciones.
Más de la mitad de las empresas encuestadas aseguran mostrarse preocupadas por el incremento de la morosidad y temen por las facturas que se disponen a emitir. Y no es de extrañar, porque el 60% de ellas ha tenido que reclamar el pago de alguno de sus recibos emitidos. Además, casi el 80% asegura haberlo hecho internamente, sin externalizar este servicio, con el gasto en recursos que ello conlleva y sin una especialización jurídica.
En cuanto al riesgo relacionado con las plantillas, un 30% de las pymes aseguran que temen tener algún conflicto legal con sus empleados o que la forma de ejercer la profesión de estos pueda comportar una responsabilidad civil. Sin embargo, tres de cada cuatro compañías del segmento no tienen claro el coste de defenderse en un conflicto legal y el 60% de ellas consideran que los gastos de abogados son poco asumibles.
Lo que tienen claro en cualquier caso es que el desgaste emocional de tener un problema legal es a menudo mayor que las posibles pérdidas económicas, una opinión respaldada por la inmensa mayoría de los encuestados. El estudio pone de manifiesto que, aún con todas estas preocupaciones, el 70% de las pymes y autónomos desconocen la existencia de los seguros de protección jurídica y que el 75% de los que los conocen aseguran saber poco o muy poco acerca de ellos y de su funcionamiento.
La seguridad que aporta tener contratada una póliza para este segmento para protegerse ante eventuales problemas de todo tipo, incluidos los legales, choca con su gran desconocimiento de algunos tipos de seguros, entre los que destacan los de protección jurídica. Otra de las conclusiones del estudio viene de la mano de la gestión de problemáticas en el día a día de su negocio, ya que tan solo la mitad de los encuestados asegura que confía en que su gestor sabrá avisar y gestionar la totalidad de las incidencias -legales o no- derivadas del desarrollo de su actividad.
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