Los hermanos de Joaquín Torres, a juicio por una presunta estafa de 27 millones: así era el negocio en el que invirtieron Alejandro Sanz y Carlos Sainz
El inicio del juicio del caso Kurata vuelve a situar bajo el foco el entramado empresarial de la familia Torres
Julio y Maite Torres se enfrentan a un proceso judicial por una presunta macroestafa vinculada a un proyecto de biocombustibles
La mayoría de las empresas operativas vinculadas han desaparecido o están inactivas
Hubo un tiempo en el que el apellido Torres era sinónimo de éxito empresarial. Mientras Joaquín Torres se convertía en el arquitecto de referencia de empresarios, deportistas y celebridades, el resto de la familia impulsaba un entramado de sociedades que se extendía por sectores tan diversos como la energía, la ingeniería, la inversión patrimonial o la promoción inmobiliaria. Casi tres décadas después de la constitución de las primeras empresas del grupo, aquel imperio vuelve a estar bajo los focos coincidiendo con el inicio del juicio del caso Kurata, una presunta macroestafa relacionada con un proyecto de biocombustibles por la que están siendo juzgados Julio Torres y Maite Torres, hermanos del arquitecto.
El procedimiento judicial, que deberá determinar si existió o no un fraude en torno a una tecnología que prometía revolucionar la producción de biodiésel, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que trasciende al propio proceso penal: ¿qué queda hoy del entramado empresarial de los Torres?
Dos sociedades que siguen siendo el corazón del grupo
La fotografía que ofrece hoy el Registro Mercantil dibuja un escenario muy distinto al que existía cuando comenzaron las investigaciones sobre Kurata, pero también desmonta una idea muy extendida: el grupo empresarial de los Torres no ha desaparecido completamente. Las dos sociedades que históricamente han actuado como cabecera del conglomerado, Cartera Kairos S.L. e Inversiones Berindi S.L., continúan activas. Ambas fueron constituidas el 27 de enero de 1998, comparten su origen como sociedades holding y mantienen domicilio social en la calle Alcalá de Madrid.
No se trata de empresas operativas dedicadas a fabricar biocombustibles o desarrollar proyectos industriales. Su función es otra: actuar como sociedades de cartera, gestionar participaciones y canalizar inversiones. Precisamente por esa naturaleza, fueron durante años el eje sobre el que se articuló buena parte del patrimonio empresarial de la familia.
Que ambas permanezcan vivas casi treinta años después resulta significativo. Mientras muchas de las sociedades creadas alrededor del proyecto energético han desaparecido, estas dos mercantiles siguen existiendo desde el punto de vista registral, lo que evidencia que la estructura patrimonial del grupo Torres no se extinguió al mismo ritmo que sus proyectos industriales.
El sueño energético que terminó en los tribunales
Fue a partir de esa estructura societaria desde donde nació el proyecto Kurata. La iniciativa pretendía desarrollar una tecnología capaz de producir biocombustibles mediante la transformación de aceites y otros residuos. La promesa era ambiciosa: plantas industriales capaces de generar importantes beneficios en un momento en el que las energías renovables vivían uno de sus mayores momentos de expansión.
Para desarrollar ese proyecto fueron apareciendo distintas sociedades con objetos sociales prácticamente idénticos. New Meloil S.L., Biocombustibles de Melo S.L., Cardiles Oil Company S.L., Biofuel Hispania S.L. o Abatos Ingineering Technology S.L. constituyen algunas de las principales piezas de ese puzle empresarial. Todas compartían un denominador común: la construcción, explotación o desarrollo de plantas relacionadas con la producción de biocombustibles, queroseno o derivados mediante tecnologías innovadoras. Sobre el papel, cada sociedad debía impulsar una parte del proyecto industrial. En la práctica, acabarían formando parte del entramado empresarial investigado en el caso Kurata.
Según sostienen las acusaciones, esa estructura permitió captar cerca de 27 millones de euros procedentes de inversores privados, entidades financieras y ayudas públicas. Entre quienes confiaron en el proyecto figuraban nombres tan conocidos como Carlos Sainz, Alejandro Sanz, Cristina Tárrega, Fernando Hierro o Rubén de la Red, además de otros empresarios de elevado patrimonio.
La defensa mantiene una versión radicalmente distinta. Julio Torres y Maite Torres sostienen que nunca existió una voluntad de engañar a los inversores y que Kurata fue simplemente un proyecto empresarial que fracasó antes de llegar a ser rentable. Será ahora la Audiencia Provincial de Madrid la encargada de determinar cuál de las dos versiones queda acreditada.
Un mapa empresarial que refleja el declive del proyecto
Entender el caso Kurata obliga primero a comprender cómo estaba organizado el universo empresarial de la familia Torres. Porque el proyecto de biocombustibles no nació como una empresa aislada, sino como una pieza más de un entramado mercantil que durante años fue creciendo alrededor de dos sociedades matrices: Cartera Kairos S.L. e Inversiones Berindi S.L.. Las dos mercantiles no estaban concebidas para fabricar biodiésel ni levantar plantas industriales. Su función era mucho más estratégica. Actuaban como sociedades holding, es decir, como vehículos para controlar participaciones empresariales, canalizar inversiones y concentrar el patrimonio del grupo.
Desde ellas se fue desplegando una red de empresas que, con el paso de los años, acabaría extendiéndose por sectores tan distintos como la energía, la ingeniería, el patrimonio inmobiliario o la arquitectura. Ese crecimiento no respondió a un modelo empresarial convencional basado en una única compañía. La estrategia consistió en crear sociedades independientes para cada proyecto. Así nacieron empresas como Cardiles Oil Company, Biocombustibles de Melo, New Meloil, Biofuel Hispania o Abatos Ingineering Technology, todas ellas vinculadas, de una u otra forma, al desarrollo de plantas de biocombustibles o a la explotación de la denominada tecnología Kurata.
Vista hoy, la fotografía registral resulta especialmente reveladora. New Meloil se encuentra en liquidación y no deposita cuentas desde 2013; Biofuel Hispania también está en proceso de liquidación; Biocombustibles de Melo figura como inactiva; Cardiles Oil Company mantiene cerrada su hoja registral; y Abatos Ingineering Technology, administrada por Julio Torres, no presenta cuentas desde 2015.
El contraste con las dos sociedades holding resulta evidente: mientras las empresas llamadas a desarrollar el gran proyecto energético han ido desapareciendo del mapa mercantil, las sociedades matrices siguen vivas casi tres décadas después de su creación. Esa diferencia explica buena parte de la estructura empresarial de los Torres. Las sociedades operativas podían extinguirse o dejar de desarrollar actividad, pero el patrimonio y las participaciones continuaban concentrándose en las cabeceras del entramado.
Joaquín Torres, entre la arquitectura y la ruptura con el grupo
Aunque no se espera que Joaquín Torres se siente en el banquillo por el caso Kurata, su apellido resulta inseparable del relato empresarial de la familia. El arquitecto ha desarrollado su carrera al margen del negocio energético y continúa al frente del estudio A-cero, especializado en arquitectura de lujo y proyectos residenciales de alto nivel. Sin embargo, durante la investigación de Kurata su nombre apareció de forma recurrente por el papel que, según distintas acusaciones, habría desempeñado como rostro más conocido del clan. Su estrecha relación con empresarios, deportistas y numerosas figuras de la crónica social hizo que durante años se le señalara como la persona que aportaba visibilidad y credibilidad al entorno empresarial de los Torres, una circunstancia que la defensa siempre ha desvinculado de cualquier participación en la gestión del proyecto.
Al margen de esa controversia, su trayectoria empresarial también ha atravesado momentos complicados. Algunas de las sociedades vinculadas a su actividad han pasado por procesos de reestructuración y, más recientemente, el arquitecto se ha visto salpicado por una querella relacionada con el presunto uso irregular de viviendas destinadas al alquiler turístico y supuestas vulneraciones de derechos laborales, unos hechos que continúan pendientes de resolución judicial.
En paralelo, Joaquín Torres ha protagonizado un distanciamiento público con Julio Torres. Tras el fallecimiento de sus padres, el arquitecto ha denunciado reiteradamente que la gestión del patrimonio familiar provocó un importante deterioro económico y ha asegurado que la fortuna construida por su padre terminó lastrada por deudas, embargos y conflictos societarios. Sus declaraciones reflejan una fractura que trasciende el ámbito personal y alcanza de lleno al legado empresarial de la familia.
Más que un juicio
El caso Kurata decidirá si existió o no una estafa millonaria. Pero el verdadero interés del procedimiento va más allá de las responsabilidades penales que puedan derivarse. El juicio vuelve a colocar bajo la lupa un modelo empresarial basado en una compleja red de sociedades, participaciones cruzadas y proyectos industriales que, con el paso de los años, han ido desapareciendo del mapa económico. Mientras las empresas creadas para desarrollar el negocio energético han acabado, en muchos casos, inactivas o en liquidación, las sociedades holding que durante décadas sostuvieron la estructura patrimonial del grupo continúan activas.
Esa dualidad resume mejor que ninguna otra el momento que atraviesa el apellido Torres. El proyecto industrial que aspiraba a revolucionar el sector de los biocombustibles ha terminado en los tribunales. El entramado societario sigue, sin embargo, dejando huella en el Registro Mercantil casi treinta años después de su nacimiento.
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