Los hermanos Torres, al banquillo por la presunta macroestafa a vecinos VIP de La Finca, entre ellos Carlos Sainz

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado comienzo este martes al juicio por el conocido como caso Kurata, un procedimiento judicial que analiza la presunta macroestafa vinculada a un proyecto de energías renovables y que sienta en el banquillo a Julio y Maite Torres, hermanos del arquitecto Joaquín Torres. La causa, que se remonta a hechos ocurridos hace más de una década, investiga si los acusados captaron inversiones millonarias mediante promesas de elevada rentabilidad que finalmente nunca llegaron a materializarse, provocando importantes pérdidas económicas a numerosos inversores.

Entre los perjudicados figuran destacadas personalidades del deporte y del mundo del espectáculo, como el piloto Carlos Sainz, el cantante Alejandro Sanz, la presentadora Cristina Tárrega, el ex futbolista Fernando Hierro o Rubén de la Red, quienes, según las acusaciones, confiaron en un proyecto empresarial presentado en torno al año 2010 como una innovadora iniciativa en el ámbito de las energías renovables.

De acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones particulares, los responsables del proyecto convencieron a numerosos inversores para aportar importantes cantidades de dinero con la promesa de obtener elevados beneficios gracias a una tecnología supuestamente revolucionaria. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a generar los rendimientos anunciados y las pérdidas acumuladas alcanzarían los 27 millones de euros, una cifra que sitúa este procedimiento entre los casos de mayor impacto económico relacionados con inversiones privadas de los últimos años.

Uno de los momentos más destacados de la primera jornada del juicio fue la declaración de Carlos Sainz en calidad de testigo. A su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid, el piloto mostró su confianza en que el procedimiento judicial permita, por fin, esclarecer lo ocurrido después de tantos años de investigación. Sainz recordó que los hechos se produjeron hace más de una década y lamentó que, hasta el momento, ninguno de los afectados haya recuperado el dinero invertido.

Tras comparecer ante el tribunal, el deportista evitó hacer valoraciones sobre el contenido de su declaración y tampoco quiso revelar la cantidad que habría invertido en el proyecto. Se limitó a expresar su deseo de que la Justicia pueda determinar las responsabilidades correspondientes y ofrecer una respuesta definitiva a todos los afectados.

Frente a las acusaciones, Julio y Maite Torres mantienen una postura completamente opuesta. Ambos defienden que nunca existió intención de engañar a los inversores y sostienen que el proyecto empresarial era real y contaba con una planificación destinada a desarrollar instalaciones vinculadas al sector energético. Según su versión, el dinero aportado por los inversores fue destinado a la ejecución de las infraestructuras previstas y no desapareció, como sostienen las acusaciones.

Los dos acusados llegaron por separado a la sede judicial y evitaron realizar declaraciones a los numerosos medios de comunicación que seguían el inicio del juicio. No obstante, durante uno de los recesos pudieron verse juntos en las inmediaciones del tribunal mientras aguardaban la reanudación de la vista. Fue Maite Torres quien, al finalizar la sesión, decidió ofrecer públicamente su versión de los hechos. Visiblemente emocionada, aseguró que tanto ella como su familia llevan más de diez años soportando las consecuencias personales, económicas y emocionales derivadas del procedimiento judicial. Insistió en que considera falsas todas las acusaciones formuladas contra ella y defendió que su patrimonio también resultó gravemente perjudicado por el fracaso del proyecto.

Según explicó, las instalaciones vinculadas a la iniciativa energética llegaron a construirse y pueden comprobarse físicamente, por lo que rechaza cualquier acusación relacionada con una supuesta desaparición del dinero invertido. En su opinión, el proyecto terminó fracasando por razones exclusivamente empresariales, debido a las dificultades económicas surgidas durante su desarrollo y a la retirada progresiva de inversores, circunstancias que impidieron culminar la iniciativa tal y como había sido concebida. La acusada también hizo referencia al fuerte impacto personal que este largo proceso judicial ha tenido sobre su entorno familiar. Durante su intervención recordó el fallecimiento de su marido hace aproximadamente un año, una circunstancia que, según explicó, ha agravado aún más la complicada situación emocional que vive su familia tras tantos años de litigios.

El juicio estaba inicialmente previsto para desarrollarse a lo largo de cinco sesiones. Sin embargo, la primera jornada se vio parcialmente alterada por cuestiones relacionadas con la documentación incorporada a la causa, lo que obligó al tribunal a reorganizar parte de las actuaciones previstas y aplazar algunas declaraciones para las próximas sesiones. Durante los próximos días comparecerán los acusados, testigos y peritos llamados a intervenir en un procedimiento que deberá determinar si realmente existió una actuación fraudulenta destinada a captar inversiones mediante falsas promesas o si, por el contrario, se trató simplemente del fracaso de un proyecto empresarial que nunca logró alcanzar la viabilidad económica necesaria para salir adelante.