La empresa de Eugenia Martínez de Irujo desmiente el delito que se le atribuye
La duquesa de Montoro ha sido llamada a declarar en calidad de investigada por un presunto delito cometido por su empresa Eurotecnia Agraria S.L.
A la compañía se le atribuye el presunto uso irregular de pozos “clandestinos” para regadío en Doñana
Este miércoles se conocía que Eugenia Martínez de Irujo ha sido citada a declarar en calidad de investigada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) a raíz de una denuncia realizada por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo contra una de las empresas que, supuestamente, gestiona: Eurotecnia Agraria Sociedad Limitada, con sede en Carmona. En concreto, a la compañía se le atribuye un presunto delito contra el medio ambiente y otro supuesto delito de desobediencia por el presunto uso irregular de ocho pozos clandestinos descubiertos en la finca Aljóbar, con los que se regarían 200 hectáreas de naranjo junto al Parque Nacional de Doñana.
Una presunta detracción ilegal de aguas en Aznalcázar que, según la investigación, habría llevado a cabo la empresa vinculada con la Casa de Alba. Sin embargo, ante tales informaciones, la sociedad de Eugenia Martínez de Irujo, Eurotecnia Agraria S.L., ha emitido un firme comunicado en el desliga a la marquesa de la gestión de la entidad y en el que explica que la extracción de agua «en ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir».
Así mismo, dicho comunicado destaca que Luis Martínez de Irujo «es el miembro del consejo responsable de la gestión de la finca Aljobar», dejando fuera del asunto a Eugenia, de la que se afirma «no haber participado nunca en la gestión de la explotación», pese a que el juzgado la ha llamado a declarar en calidad de presidenta de la empresa. Estas declaraciones llegan después de que la Fiscalía confirmase que una inspección de la Guardia Civil y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) descubrió el pasado mes de mayo «ocho pozos no inscritos» en estos terrenos que se empleaban para regadío. Tras comprobar su actividad, la CHG considera que «los daños al dominio público hidráulico en esta campaña por los riegos ilegítimos hasta ese día arrojaron un consumo de 305.851,73 metros cúbicos de agua» de la masa de agua Aljarafe Sur, correspondiente al territorio del sistema hídrico Guadiamar por importe de «36.702,16 euros».
Por este motivo, en el escrito también se explica que la finca, de la que se desvincula a la duquesa de Montoro, «cuenta con una autorización de riego mediante pozos de 606.000 metros cúbicos de agua por año y almacenamiento de las aguas extraídas en una balsa privada de 304.000 metros cúbicos de agua al año, con autorización para regar 200 hectáreas». Una cifra, que, apuntan, no llegan a alcanzar. Por este motivo, la empresa destaca que no ha «dañado en ningún momento el dominio público» y que «la finca Aljobar está fuera del acuífero de Doñana».
Por su parte, Eugenia Martínez de Irujo, caracterizada por ser gran defensora de la naturaleza y de los animales, de momento se ha mantenido ajena a la polémica en sus redes sociales y no se ha pronunciado al respecto sobre la citación del juzgado que, según fuentes cercanas a la investigación, se producirá «próximamente».
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