Los sindicatos de docentes sitúan como exigencia la primacía del valenciano en el sistema educativo
Reclaman que el valenciano sea lengua vehicular "preferente" y eje de cohesión social del sistema educativo
La exigencia significa de facto borrar la esencia de la ley de libertad educativa que puso fin al 'procés a la valenciana' en las aulas
El asedio del independentismo y el nacionalismo catalán hacia el sistema de libertad educativa valenciano, el que permite que sean las familias y no la Administración las que decidan la lengua en que quieren que estudien sus hijos, no cesa. Los sindicatos de docentes en huelga han introducido entre sus exigencias la primacía como lengua vehicular del valenciano y el retorno de los libros de autores catalanes al sistema educativo valenciano. Ambas reivindicaciones se sitúan frontalmente contra la citada ley de libertad educativa aprobada a inicios de la actual legislatura por PP y Vox.
Ambas exigencias, en concreto, conforman uno de los puntos del documento de los propios sindicatos. En el caso de los libros de autores catalanes, de facto, los sindicatos exigen la retirada inmediata del decreto de currículum de Bachillerato propuesto por la Consellería de Educación manteniendo el currículum vigente. Ese nuevo currículum es que elimina los libros de autores catalanes y da prioridad a los valencianos, dado que la lengua que se habla en la Comunidad Valenciana es el valenciano. No el catalán.
La ley de libertad educativa valenciana es la aprobada por PP y Vox que fulminó el catalán de las aulas valencianas, imperante durante los ocho años de Gobierno del socialista Ximo Puig, con la Consellería de Educación controlada férreamente por Compromís. Esa ley de libertad educativa, aprobada a inicios del verano de 2024, sepultó lo que hasta entonces se denominaba el procés a la valenciana.
De modo, que 570.000 familias pudieron elegir la lengua en que transcurriría la educación de sus hijos. Así, la nueva norma no imponía el castellano en las aulas. Sino que los liberaba de que fuera un político desde un despacho de Valencia el que decidiera por esas mismas familias.
La exigencia de los sindicatos reclama la garantía institucional del blindaje del modelo plurilingüe, pero con el «valenciano como lengua vehicular preferente» y eje de cohesión social del sistema educativo. De facto, priorizar el valenciano sobre el castellano. Es decir, retornar al modelo de PSOE y Compromís.
En materia lingüística hay una exigencia más de los sindicatos sobre la mesa. La recuperación de los certificados de capacitación del valenciano y del diploma de maestros en valenciano. En octubre de 2024, el Gobierno valenciano, entonces presidido por Carlos Mazón, liberó esos títulos de modo que 337.000 valencianos pudieran obtenerlos sin burocracia ni costes.
Es decir, como una línea de apoyo y promoción del valenciano. El objetivo era, como en el caso de la ley de libertad educativa, acabar con una etapa de imposición que alejaba a la sociedad del valenciano.
OKDIARIO ya adelantó el pasado 14 de mayo, solo tres días después del arranque de la huelga de la educación valenciana, que sindicatos que dirigen las movilizaciones de la huelga de la educación valenciana habían comenzado a mostrar un trasfondo político y catalanista a sus reivindicaciones, con la exigencia dirigida a derogar preceptos esenciales de la ley de libertad educativa de la autonomía. En concreto, el más destacado, el catalanista STEPV.
Dos días antes, el 12 de mayo, OKDIARIO ya adelantó también que el independentismo catalán quería conseguir, a través de la huelga de educación valenciana, reintroducirse en las escuelas de esta última comunidad autónoma. Un espacio del que habían sacado al catalán los gobiernos de Carlos Marzón y Juanfran Pérez Llorca, poniendo fin a ocho años de dictadura lingüística del catalán en suelo valenciano con los gobiernos del socialista Ximo Puig y Compromís.
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