Puig destinó 23 millones de Educación y Vivienda para comprar un palacio en Valencia

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 08/06/2022 16:49
  • Actualizado: 08/06/2022 17:19

El Gobierno de la Generalitat Valenciana, que preside el socialista Ximo Puig y del que también participan Compromís y Unidas Podemos, destinó la friolera de 23,3 millones de euros inicialmente presupuestados para las Consejerías de Vivienda e Infraestructuras educativas (colegios) para la compra del Palacio de Correos, ubicado en la Plaza del Ayuntamiento de la capital de la Comunidad Valenciana.

Un monumental escándalo que ha salido a la luz a raíz de la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del pasado día 7 de este mes de junio y que ha generado la inmediata reacción del presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón, que ha calificado hoy de «vergonzoso» que Puig «desvíe dinero de los colegios para montarse un palacete».

El balcón de ese palacio, una vez adquirido por la Generalitat, sirvió, las pasadas Fallas de balcón fallero para que los invitados Ximo Puig y sus consejeros pudieran presenciar desde ese privilegiado mirador las mascletás o lanzamientos pirotécnicos de las fiestas falleras, para lo que además hubo que efectuar obras de adecuación que supusieron un gasto de un millón de euros mas para las arcas públicas valencianas.

Pero Ximo Puig y su Gobierno se toparon con un problema de liquidez por la «insuficiente disponibilidad» en el capítulo 6 del presupuesto autonómico, el destinado a las denominadas inversiones reales. La necesidad era de un total de 23,3 millones de euros de los 23,9 millones que finalmente costó. Es decir, sólo tenían 600.000 euros de los cerca de 24 millones que debían pagar por la compra. Pero a grandes males grandes remedios. Para solucionar este problema, el Pleno del Gobierno valenciano decidió en fecha 17 de diciembre del pasado ejercicio 2021 realizar una transferencia de secciones y capítulos.

Se trataba de recoger esos 23,3 millones que faltaban de aquellas partidas que no estaban vinculadas a compromisos pendientes ni inversiones finalistas. Por tanto, que no estaban comprometidas ni se preveía ejecutar en lo que quedaba de ejercicio.

Así, se redujo en 1,9 millones la partida correspondiente a la Financiación de delegación de competencias en Infraestructuras Educativas de Educación Primaria. Otros 12,1 millones se obtuvieron de una partida con el mismo enunciado, sólo que de Educación Secundaria. Es decir, del denominado Plan Edificant del Gobierno valenciano para construcciones y reforma de edificaciones educativas. Un total de 4 millones más se obtuvieron del Plan de Renovación y Mejora de Infraestructuras Deportivas Municipales y los 3,4 millones de euros restantes se sacaron de la Financiación de Ayuntamientos para la adquisición de mejoras de vivienda.

Se da la circunstancia de que la Consejería de Educación depende de Compromís y, en aquellos momentos, su responsable era Vicent Marzà. En tanto que Vivienda está bajo el control del vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana Héctor Illueca, de Unidas Podemos.

Por tanto, se redujo dinero presupuestado para mejoras en la vivienda, construcción y reforma de centros educativos y renovación y mejora de infraestructuras deportivas para destinarlo a comprar el citado palacete.

Los hechos ahora conocidos han supuesto un monumental escándalo. Y han provocado la reacción inmediata de Carlos Mazón. El líder popular ha recordado que sólo en materia educativa, hay 16.000 alumnos en barracones y un 70% de las infraestructuras por construir: «No se pueden desviar más de 23 millones de euros en colegios, vivienda para ayuntamientos e instalaciones deportivas en zonas despobladas para destinarlos a unos fines que nada tienen que ver con el presupuesto inicial ni con las ayudas sociales».

Y ha recordado además Mazón que en los 7 años de tripartito de izquierdas en la Comunidad Valenciana «sólo se han construido 54 centros educativos, de los que la mitad ya estaban iniciados en 2015».