Marlaska prohibió a la Policía informar de la detención del hombre que amenazó de muerte a Mazón
La detención se produjo este 26 de marzo sin que la Administración valenciana hubise sido informada por el Gobierno
En los cinco días transcurridos desde la detención la Administración valenciana tampoco ha sido informada
El Gobierno de España oculta desde este pasado miércoles, 26 de marzo, la detención de un joven independentista de 30 años y nacionalidad española por un delito de odio y amenazas contra el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. El detenido enviaba Mazón mensajes que incluían frases como «estás muerto» o «vamos a pegarle un tiro entre ceja y ceja a Mazón», siempre escritos en valenciano. La información no ha trascendido ni a la Administración valenciana ni a los medios de comunicación ni a la opinión pública. El Gobierno la ha mantenido oculta. No la ha difundido. Un hecho de extrema gravedad y sin precedentes en la historia reciente de la democracia española.
La detención de quién ha llegado a amenazar a Carlos Mazón de muerte sólo ha sido de dominio público desde la tarde de este lunes, no antes. No había sido difundida antes por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ni, particularmente, por el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska. Y ello, a pesar de que el joven había sido detenido cinco días atrás, el 26 de marzo, y tras tres meses de investigación. Ha tenido que ser la prensa la que destapara una información de enorme trascendencia, como las amenazas a un presidente autonómico nada menos.
Las operaciones policiales de este calado suelen transmitirse, una vez se ha producido la detención, a los medios de comunicación a través de una nota de prensa desde la propia Policía Nacional. Ofrecen un efecto disuasorio. Máxime cuando el detenido supuestamente ha enviado mensajes, siempre en valenciano, tan explícitos como: «Los valencianos vamos a quitarte a vida. Estás muerto». O: «Vamos a pegarle un tiro a Mazón entre ceja y ceja. Vaya asumiéndolo. Y el que esté alrededor lo pagará también».
Pero, en esta ocasión el Gobierno no lo ha hecho, una decisión que apunta al Ministerio de Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, que es el máximo responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Es más, fuentes de la Administración valenciana han confirmado a OKDIARIO que no habían sido avisadas por el Gobierno de que la detención se ha producido: ni el miércoles 26 de marzo ni en los días que han seguido a ese miércoles hasta este lunes. De hecho, en la Administración valenciana han conocido lo sucedido a través de la prensa y no mediante una comunicación del Ejecutivo de Pedro Sánchez ni de la Delegación de Gobierno que dirige Pilar Bernabé. Ni tampoco mediante una llamada del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.
Lo que se ha sabido la tarde de este lunes es que un joven independentista de 30 años de edad y nacionalidad española había sido detenido el miércoles 26 de marzo por agentes de la Brigada Central de Información de la Jefatura Superior de Policía en la provincia de Valencia como el presunto autor de un delito de odio y amenazas contra el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón.
La investigación policial había arrancado hace tres meses, tras la publicación de unos mensajes supuestamente amenazantes del ahora detenido en las redes sociales. La Brigada Central de Información ha ido aún más allá en su investigación. Y según fuentes de la misma, existen presuntos lazos del detenido con el independentismo. O al menos eso indica una publicación del chico hallada en internet. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.
De todo ello, la Generalitat Valenciana no había recibido comunicación por parte del Gobierno. Fuentes de esa misma Administración han corroborado que con ellos no se ha puesto en contacto nadie del Gobierno de España. Tampoco, y es otro hecho objetivo, ha habido un comunicado de prensa de prensa por parte de la Delegación del Gobierno o del Ministerio informando de la detención de un hombre por un supuesto delito de odio y amenazas nada menos que contra la máxima autoridad de la Comunidad Valenciana, su presidente Carlos Mazón.
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