El Gobierno de Mazón descubre 700.000 € en gastos sin justificar en la Consellería que dirigió Oltra
Los gastos sin justificar se han detectado entre 2019 y 2022, bajo el gobierno de Ximo Puig y Compromís
La detección se ha producido en el marco de la revisión del buen uso del dinero público por el actual Gobierno valenciano
La Conselleria de Bienestar Social ha solicitado el ingreso de esos 700.000 € sin justificar
El Gobierno valenciano de Carlos Mazón ha detectado un total de 700.000 euros en gastos sin justificar en el área de Diversidad entre los años 2019 y 2022. Es decir, bajo los Gobiernos de Ximo Puig y Compromís. Y, más concretamente, pertenecientes a la Consellería que dirigía Mónica Oltra, según han confirmado fuentes de la propia Generalitat.
La detección se ha producido en el marco de la revisión del buen uso del dinero público. Algo para lo que se está analizando que los importes de los servicios de la acción concertada estén dirigidos a las cuestiones que son objeto de cada uno de ellos.
La Vicepresidencia Primera de la Generalitat Valenciana y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tuvo como consellera a Mónica Oltra hasta el 21 de junio de 2022, en que dimitió después de resultar investigada. Desde entonces y hasta el final de la legislatura, la responsable de la Conselleria fue Aitana Mas, también de Compromís.
En concreto, y según las mismas fuentes, las entidades que gestionan los servicios de Diversidad no han logrado justificar determinados gastos en ese periodo 2019-2022, que ya ha sido revisado. Por ello, la actual Conselleria de Bienestar Social ha solicitado el ingreso de esos 700.000 euros de gastos sin justificar.
De ese importe, el 10% corresponde al denominado Servicio Orienta. Ese servicio, según reza en la página web de la Generalitat Valenciana, «ofrece una atención integral de asesoramiento y apoyo a lesbianas, gays, personas trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI), sus familiares y personas allegadas».
El servicio Orienta es gestionado entre tres entidades, una por cada una de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, que según las fuentes citadas han tenido que devolver 72.000 euros.
En el caso de la provincia de Valencia, el servicio está gestionado por Lambda. En el año 2015, el primero de Gobierno de Ximo Puig y Compromís, esa asociación contaba con un presupuesto de 43.000 euros procedente de la Administración autonómica. Pero, con posterioridad, el servicio fue licitado a Lambda y otras dos entidades. Y, desde entonces, las partidas han ido creciendo hasta un presupuesto de 1.632.000 euros al año, siempre según las mismas fuentes.
Lambda es también la asociación que el pasado jueves, en el transcurso del Pleno de las Cortes Valencianas, intentó boicotear la intervención de la vicepresidenta del Gobierno valenciano y actual consellera de Bienestar Social, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero. Finalmente, la presidenta de la Cámara, Llanos Massó, les ha invitado a marcharse de la tribuna de invitados en la que se encontraban.
Se da la circunstancia de que Susana Camarero ha introducido, con su llegada, un modelo de concurrencia competitiva para la obtención de contratos y subvenciones. Este modelo obliga a las entidades a presentar proyectos y competir en concurso.
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