El Cabildo de Lanzarote impulsará acciones legales para proteger el patrimonio público en el ‘caso Sosa’

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote ha acordado iniciar los trámites necesarios para emprender acciones legales en relación con el denominado caso Sosa, una decisión que llega tras los últimos movimientos de la Fiscalía, que ha elevado la investigación sobre la expresidenta de la institución insular, Dolores Corujo, al Tribunal Supremo por su condición de aforada.

El acuerdo aprobado autoriza a los servicios jurídicos de la Corporación a actuar en defensa de los intereses económicos del Cabildo ante la posibilidad de que la institución pudiera verse perjudicada por las consecuencias derivadas de este procedimiento. Aunque el Ejecutivo insular no ha concretado todavía la fórmula jurídica definitiva, entre las opciones que se barajan figura la presentación de una querella o una denuncia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La preocupación del Cabildo se centra en el posible perjuicio económico para las arcas públicas. El origen del conflicto está en la reclamación de cerca de 300.000 euros que el Gobierno de Canarias exige devolver al exconsejero Juan Manuel Sosa por los salarios percibidos mientras mantenía una situación administrativa incompatible con el cobro de determinadas retribuciones.

Según el análisis realizado por los servicios jurídicos de la institución, existe un riesgo real de que el Cabildo pueda acabar asumiendo parte de esa responsabilidad económica debido a un decreto firmado durante la etapa de Dolores Corujo al frente de la Corporación. Ese documento habría sido utilizado por Sosa como argumento dentro del procedimiento judicial para respaldar su posición.

La información sobre este acuerdo fue adelantada por Diario de Lanzarote, que señala que el Ejecutivo insular considera necesario actuar para salvaguardar el patrimonio público después de que la Fiscalía apreciara indicios suficientes para remitir las actuaciones al Tribunal Supremo por la condición de aforada de la ex presidenta del Cabildo.

El informe jurídico sostiene que el peligro para las cuentas públicas no responde a una hipótesis meramente teórica, sino que deriva del uso efectivo del citado decreto dentro del procedimiento judicial abierto por Sosa. Desde la institución entienden que ese documento podría servir para sostener la pretensión de que el Cabildo asumiera, directa o indirectamente, las cantidades reclamadas.

La decisión del Consejo de Gobierno se produce pocos días después de que la Fiscalía de Arrecife concluyera sus diligencias y remitiera el expediente al Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo al apreciar indicios de posibles responsabilidades penales que afectan a Dolores Corujo. Será ahora la Fiscalía del Alto Tribunal la encargada de estudiar la documentación y determinar si procede impulsar nuevas actuaciones judiciales.