El ‘caso Sosa’ acorrala a la socialista Corujo: el fiscal ve indicios de malversación y falsedad documental

El fiscal titular de la Fiscalía de Área de Arrecife, Fernando Rodríguez Navarro, ha cerrado este viernes su investigación sobre el conocido como caso Sosa, centrado en la forma en que se tramitó el paso del tránsfuga y portavoz del Grupo de Coalición Canaria (CC), Juan Manuel Sosa, al Gobierno que presidía la socialista María Dolores Corujo. El fiscal ha concluido que existen indicios racionales de delito que afectan a la actual diputada nacional, motivo por el cual ha decidido trasladar sus conclusiones a la Fiscalía del Tribunal Supremo, al gozar Corujo de la condición de aforada. Así consta en el oficio comunicado a las partes afectadas.

En sus conclusiones, el fiscal señala que, aunque la calificación que con mayor claridad se aprecia en esta fase es la de prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal), no descarta que la investigación, una vez continuada por el órgano competente, pueda conectar con otros tipos penales que afectarían tanto a Corujo como a Sosa. Entre ellos, cita la malversación de caudales públicos —si la resolución permitió el mantenimiento de percepciones económicas indebidas con cargo a fondos públicos—, la falsedad documental —de acreditarse que el decreto incorporó informes inexistentes, incompletos o no emitidos tal y como se refleja en la resolución— y el fraude a la administración —si se demuestra una actuación concertada para sostener artificialmente una situación administrativa sin cobertura legal.

Según recoge Crónicas de Lanzarote, el propio fiscal justifica por qué no continúa personalmente con el asunto —que en ningún caso archiva, dado que aprecia posibles conductas delictivas— alegando que la determinación definitiva de esos extremos excede las competencias de su Fiscalía de Área desde el momento en que los indicios afectan a una persona aforada. En el noveno punto de su oficio insiste en que no le corresponde a su fiscalía agotar la investigación ni formular una imputación formal, sino remitir las actuaciones al órgano del Ministerio Fiscal competente para que valore la continuación de las diligencias y, en su caso, promueva las actuaciones oportunas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Nota de prensa exprés del PSOE

Antes incluso de que trascendiera el contenido del oficio, la propia diputada se adelantó enviando un comunicado desde su partido en el que aseguraba confiar en que la Fiscalía del Supremo archive lo que ella califica como «una denuncia interpuesta por el abogado de Coalición Canaria (CC) David Monte», basada, según su versión, en «falsedades, medias verdades y en un claro objetivo político». Lo que el PSOE omite en su nota es precisamente la calificación que hace el fiscal dependiente de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, quien no quiere que la causa se archive en esta fase, al entender que podrían haberse cometido numerosos y graves delitos tras analizar la documentación recibida y los testimonios tanto de los investigados como de los testigos.

Desde la formación en Lanzarote se limitan a expresar su confianza en que la Fiscalía del Tribunal Supremo proceda al archivo de la denuncia. Corujo, sin embargo, va más allá y sostiene que lo ocurrido se debe a que la Fiscalía de Arrecife «es incompetente para citarme a declarar por mi condición de diputada, y debe ser la Fiscalía del Supremo la que instruya las diligencias preprocesales». La máxima responsable del PSOE en la isla, anticipándose a la información que sabía que iba a difundirse del extenso escrito de conclusiones del fiscal de Arrecife, remató de forma escueta: «Ahora es el momento de las diligencias preprocesales, pero tan pronto se archiven, como confío que sucederá, llegará el momento de exigir responsabilidades a quien ha presentado una denuncia falsa para dar cumplimiento a un encargo político».