El sinsentido de la nueva normativa del juego balear

Baleares cuenta en este momento con una de las normativas actuales estricta y moderna de Europa, que garantiza la seguridad de usuarios. Los principales elementos de regulación pasan por la autorización administrativa previa, según el art. 3 de la Ley de Juego autonómica «la realización de cualquier actividad incluida en el ámbito de esta ley requiere la previa autorización administrativa».

El servicio de control y admisión a la entrada de los establecimientos para impedir la entrada de menores y de las personas que tienen prohibido el acceso está regulado a través del artículo 25 del Reglamento de Salones de juego y art.19.3 del Reglamento de Apuestas; el juego privado tiene la publicidad prohibida si incita o estimula la práctica del juego, según el artículo 7 de la Ley de Juego Autonómica.

Y, además, cuenta con un régimen sancionador muy severo en caso de incurrir en infracción con sanciones que pueden ser de hasta 450.000 euros y posibilidad del cierre definitivo del establecimiento. 

Pese a todo ello, el Gobierno balear, encabezado por su presidenta Francina Armengol, se ha puesto como objetivo apretar todavía más al sector endureciendo la legislación, así como aplicar una moratoria de nuevas licencias con la que mermar hasta la mitad los salones de juego.

Para ello propuso una reforma de la ley de juego dejando de lado a patronal y sindicatos creando un chiringuito a su medida llamado la “mesa social del juego” y dejando de lado al órgano consultivo oficial que es la Comisión del Juego de las Islas Baleares. Lo que llama la atención de la propuesta de reforma es que está basada en datos e informaciones en su mayoría falsos o intencionalmente sesgados con el fin de demonizar un sector controlado, regulado y sin incidencias en los últimos años, el de los salones de juego, repercutiendo negativamente y estigmatizando a empresarios y clientes de ese sector empresarial.

El vicepresidente balear Yllanes decía hace unos meses que la reforma de la ley de juego se ponía en marcha para que «Baleares no se convirtiese en unas Vegas Low Cost por la proliferación del juego», pero de nuevo eso no es así: no hay mas juego que hace unos años, de hecho en el 2022 hay menos salones y menos bingos que en el 2008. Ha sido la irrupción del juego on-line y su agresiva publicidad la que ha generado la sensación de oferta desmedida de juego, oferta que queda fuera de la jurisprudencia Balear, por lo que se ensañan con los salones presenciales.

La reforma de la ley de juego que quiere impulsar el Gobierno Balear supondrá, debido a la moratoria automática e indefinida de nuevas licencias, el cierre del 50% de los salones que actualmente están operando al fijar un máximo de 75 licencias en Baleares cuando actualmente hay 143 establecimientos abiertos. Los salones de juego a pesar de suponer el 7,5% de la oferta de juego, son los únicos en sufrir esta grave penalización, ya que esta reforma no afecta al juego público ni a los demás subsectores del juego privado.

Además la reforma de la ley no ha tenido en cuenta las repercusiones e impacto económico del cierre del 50% de los salones de juego, que según la patronal supondrá unas pérdidas de recaudación tributaria para la ATIB de al menos cuatro millones de euros anuales y supondrá la pérdida de al menos 700 puestos de trabajo directos, además de la repercusión indirecta que sufrirán todas las empresas que dan servicio a estos salones que desaparecerán.