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Sánchez pone a un interventor al frente de Mercapalma para controlar la gestión del Ayuntamiento

Da un plazo de tres meses al gobierno municipal para que acepte una concesión indefinida y sin indemnización

Será el encargado de lograr un acuerdo para la convocatoria de la nueva Junta de Accionistas

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

Tras el decretazo de este pasado verano del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, dejando sin indemnización alguna al Ayuntamiento, incumpliendo los estatutos una vez caducada la concesión y manteniendo los mismos niveles de participación en este empresa pública mixta, el Ejecutivo central ha nombrado a un interventor al frente de Mercapalma.

El objetivo no es otro que controlar la gestión del mayor centro logístico de productos frescos de Baleares, donde los ministerios de Hacienda y Agricultura mantienen, a través de Mercasa, el 45,21% de las acciones y el resto (54,79%) son propiedad del Consistorio palmesano. Todo ello hasta que se redacten los nuevos estatutos, después de que este año haya finalizado la concesión de 50 años firmada por el Gobierno central y el Ayuntamiento.

El hombre de negro de Sánchez en Mercapalma será Gregorio Madero Ruiz- Jarabo, del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado.
Dicha designación se realiza sin percepción de honorarios diferentes a los que le corresponden en su condición de vocal asesor de la Unidad de Apoyo de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

En teoría, la función que tendrá este funcionario colocado por el Gobierno de Sánchez será la de proceder a la convocatoria de la Junta General en el plazo máximo de tres meses, en caso de que logre un acuerdo con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma, con el que no hay comunicación alguna tras el fin de la concesión.

Aunque el plazo inicial de permanencia en el cargo del interventor es de tres meses, habrá que ver, si no hay acuerdo, lo que sucede y si su presencia no se prolonga de forma indefinida. 

De hecho, entre los objetivos del nuevo interventor de Mercapalma, que hasta ahora no contaba con una figura de esta naturaleza, se contemplan además de la convocatoria de la junta de accionistas, «llevar a cabo los trámites precisos para satisfacer al accionista saliente», para lo cual «contará con la asistencia técnica de cualesquiera entidades pertenecientes al sector público estatal relacionadas con la gestión o liquidación de sociedades mercantiles».

La salida del Ayuntamiento de Palma de Mercapalma es una opción que, en ningún momento, se contempla por parte del gobierno municipal y más sin haber monetarizado los activos después de la caducidad de la concesión y teniendo en cuenta que hay 150 millones de euros en juego.

Esa es la cuantía estimada del valor del patrimonio real del mayor centro logístico de productos frescos de Baleares, cuyo proceso de liquidación tras el fin de la concesión para la reversión de todos los activos al Ayuntamiento, como marcaban los estatutos incumplidos por el Gobierno de Sánchez, fue frenado en seco este verano por el presidente de Mercasa, José Miñones.

El objetivo del interventor será que el gobierno municipal acepte una concesión indefinida en los nuevos estatutos y renuncie a cualquier liquidación de activos de la anterior concesión.

Así las cosas, de nuevo la gestión futura de Mercapalma estará presente en el pleno municipal del presente mes de octubre, con sendas propuestas que quedaron sobre la mesa en el pleno anterior.

En una de ellas, presentada por la única concejala de Podemos en Palma, Lucía Muñoz, se insta al equipo de gobierno a la defensa del ejercicio legítimo de la mayoría accionarial del Ayuntamiento de Palma en la sociedad mercantil Mercapalma por la vía política y, en su caso, por la vía judicial, algo que pese al golpe de Sánchez el pasado mes de agosto interviniendo la empresa no se ha producido.

Además, la iniciativa que en principio sería apoyada por el gobierno municipal del PP, apuesta por un cambio de modelo de negocio para garantizar su funcionamiento como servicio público y la defensa del interés general por encima de mera búsqueda de obtención de rentabilidad económica.