El Consejo de Estado pone en jaque la continuidad del Club Náutico de Palma, que recurrirá su expulsión
El RCNP irá a los tribunales tras el informe desfavorable del órgano consultivo para ampliar su concesión
Presentará un recurso ante el TSJB si la Autoridad Portuaria deniega finalmente la medida
Considera que la falta de un acuerdo jurídico claro sobre la naturaleza de su título ha de ser resuelta por la Justicia
El Consejo de Estado decidirá si el Real Club Náutico puede ampliar su concesión
El Consejo de Estado ha emitido un dictamen desfavorable a la solicitud de prórroga y ampliación del plazo de concesión al Real Club Náutico de Palma (RCNP), por lo que perdería el derecho de prórroga para mantener sus actividades y ocupar ese dominio público desde el 1 de enero de 2023.
Un duro varapalo por parte del supremo órgano consultivo del Gobierno en materia jurídica, que ya ha tenido respuesta de la institución náutica. En un extenso comunicado, el RCNP ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares una eventual denegación de la solicitud de ampliación del plazo de su concesión tras el dictamen desfavorable del Consejo de Estado, del que ha tenido conocimiento extraoficialmente ya que no le ha sido comunicado.
El club explica que agotará la vía judicial en vista de las contradicciones en torno a los diferentes informes que se han aportado al expediente abierto en 2015 y que, siete años después, se encuentra aún pendiente de resolución.
El Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la controversia jurídica acerca de si el título habilitante del RCNP para ocupar el dominio público portuario es un contrato de servicios o una concesión.
Por un lado, la entidad explica que el órgano consultivo ha reconocido que «los contratos de servicio se extinguieron con la reforma legal de 2003, como sostenía el club», pero por otro, ha dictaminado que esos contratos no se transformaron en concesiones y que en consecuencia el título del RCNP durante los últimos 19 años tendría una «naturaleza singular y provisional», fruto de una «deficiente gestión» del dominio público por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). Esta última circunstancia, puntualizan, no sería en ningún caso atribuible al club.
El RCNP no comparte esta tesis del Consejo de Estado y recuerda una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB, que «reconoce el derecho de prórroga a un concesionario del puerto de Formentera, asumiendo que el contrato de servicios que lo habilitaba se convirtió en una concesión administrativa tras la modificación de la Ley de Puertos del Estado», una postura, aseguran, que también ha sido defendida y argumentada por los servicios Jurídicos de Puertos del Estado.
La institución detalla en el comunicado que «la APB ha venido reconociendo con sus actos de las dos últimas décadas la condición de concesionario al Real Club Náutico de Palma, sin que éste en ningún momento haya sido advertido de la supuesta provisionalidad de su situación». El club entiende que es de aplicación el principio jurídico según el cual una administración no puede adoptar decisiones que contradigan sus propias acciones.
El RCNP insta a la APB a que «vistos todos los informes aportados al expediente, así como el precedente judicial de Formentera, adopte ya una decisión sobre la solicitud de ampliación del plazo de su concesión» para que el club, en caso de que sea denegada, pueda ejercer las acciones que en Derecho le asisten ante los tribunales.
El Real Club Náutico de Palma es una entidad deportiva sin ánimo de lucro fundada en 1948. A lo largo de sus 74 años de historia, y de forma muy especial durante las dos últimas décadas, se ha caracterizado por su labor de fomentar las actividades náuticas y contribuir a la divulgación de la cultura de la mar en su vertiente recreativa.
«La defensa de este gran patrimonio social se llevará a cabo en todos los frentes y en todas las vías, incluido el judicial si finalmente procede», ha manifestado Emerico Fuster, presidente del RCNP.
«Sabíamos que este no iba a ser un proceso fácil. El informe del Consejo de Estado, que respetamos pero no compartimos, es un contratiempo, pero no es de recibo que la historia de nuestro club y todo lo que representa para la ciudad penda de una cuestión meramente formal en la que ni siquiera hay una postura jurídica clara. Aquí hay unas consecuencias subyacentes que no pueden obviarse. Estamos convencidos de que la razón está de nuestra parte y llegaremos hasta donde haga falta para defender nuestra posición», ha concluido.
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