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Los puertos de Baleares tocan fondo por la negativa reiterada de Sánchez a autorizar su dragado

La pérdida de calado compromete la seguridad, limita la operatividad y puede provocar la pérdida de amarres

La situación es muy problemática en los de la Colonia de Sant Jordi, Portocolom, Porto Cristo y Cala Bona

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

Los puertos de Baleares tocan fondo por la negativa reiterada del Gobierno de Pedro Sánchez, y en particular de Capitanía Marítima del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el socialista Óscar Puente al frente, a autorizar su dragado.

Hace casi dos años que el Govern solicitó al Gobierno su colaboración para poder elaborar un plan que permitiera agilizar las tareas de dragado en las instalaciones portuarias de las Islas Baleares, sin efecto alguno.

La realidad es que desde entonces el problema no sólo persiste, sino que se ha agravado por la falta de respuesta total del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las consecuencias empiezan a ser graves: bocanas cerradas, amarres donde los barcos tocan fondo y contaminación de los lodos.

A ello hay que sumar que las corrientes marinas, los temporales, los cambios de presión atmosférica, el mismo tráfico de las embarcaciones que circulan en estas instalaciones e, incluso, las actuaciones de mantenimiento que se llevan a cabo, provocan alteraciones en el fondo marino de estos puertos.

Sin dragados periódicos, la pérdida de calado es inevitable. Y cuando se pierde calado, se compromete la seguridad, se limita la operatividad, pudiendo llegar a perderse puntos de amarre. En una comunidad autónoma con déficit estructural de amarre, esta situación es sencillamente inasumible.

La pérdida progresiva de calado en los puertos de las Islas Baleares como consecuencia directa de la carencia de dragados y de la inacción del Gobierno de Sánchez no es, por tanto, un problema menor porque se está comprometiendo la navegabilidad, seguridad marítima, competitividad del sector náutico, operatividad de las instalaciones portuarias y, en definitiva, la actividad que allí se desarrolla.

El Govern a través de la Conselleria del Mar (Ports IB) ha licitado un estudio para determinar la tipología de los fangos existentes así como las condiciones óptimas de navegabilidad de los puertos de Baleares. Esto permitirá elaborar una planificación estratégica para la gestión de los materiales procedentes de las operaciones de dragados.

En estos momentos se están redactando cuatro proyectos de los puertos que presentan una mayor problemática a este respecto, como son el de la Colonia de Sant Jordi, Portocolom, Porto Cristo y Cala Bona.

Pero la realidad es la que es: sin la autorización estatal, estos proyectos no se podrán ejecutar. El caso de Cala Bona es paradigmático.

El proyecto se tramitó correctamente, el Govern logró la autorización para el vertido, pero éste no se pudo ejecutar por no contar con la autorización de Capitanía Marítima.

Este hecho evidencia un problema estructural de coordinación entre ministerios y una burocracia que termina comprometiendo la seguridad de los puertos de Baleares.

Hay que tener en cuenta además que es necesario contar antes de acometer el dragado con unas zonas de vertido autorizadas en el litoral balear para para poder verter este tipo de sedimento, que es, precisamente, lo que el Govern está reclamando al Ministerio de Transición Ecológica que dirige Sara Aagesen.

Pero la falta de coordinación y la inacción de los ministerios mantiene paralizada estas actuaciones, comprometiendo con ello la seguridad marítima, provocando que los puertos de las Islas Baleares pierdan competitividad y afectando a su operatividad mientras un ministerio a otro se pasan la pelota.

De ahí la necesidad de que el Ministerio de Transición Ecológica fije zonas de vertido autorizadas, una por cada isla del archipiélago, dentro del dominio público marítimo-terrestre, para el depósito de materiales procedentes de estos dragados y que el Ministerio de Transportes agilice las autorizaciones pendientes en los puertos de Baleares.