El PP rechaza el proyecto de sustituir la torre de control de Menorca por la inteligencia artificial

La torre de control del aeropuerto de Menorca es la más antigua de España y ya ha finalizado su vida útil

El PP pide el apoyo de todos los partidos para exigir al Gobierno que paralice el proyecto de la Torre de Control Virtual

Reclama la construcción del nuevo edificio de control tradicional que ya se presupuestó en 2017

Torre control Menorca
Torre con las cámaras ya instaladas para el control remoto de los vuelos en Menorca.
Miquel Ángel Font

La construcción de la futura de Torre de Control Virtual del aeropuerto de Menorca basada en la inteligencia artificial es uno de los temas que se debatirán en el pleno del próximo martes, 9 de abril, en el Parlament. La decisión de Aena, que rechaza el PP, es eliminar la actual torre de control y sustituirla por un moderno proyecto de Torre Remota. Se trata de un sistema de visión artificial autónoma que utiliza un sofisticado equipo de cámaras e inteligencia artificial con el que monitorizar la entrada y salida de aviones de forma virtual.

A través de una Proposición No de Ley (PNL), el PP ha recordado que la torre de control del aeropuerto de Menorca es la más antigua de España que sigue en funcionamiento y, en este sentido, en 2017, el Consejo de Ministros presupuestó la construcción de una Torre de Control en el mismo aeropuerto por valor de 4,61 millones de euros.

Asimismo, los populares han rememorado como, después de cumplirse el plazo final indicado por el informe de Aena y Enaire, se anunciaron sucesivos proyectos para reemplazar la actual torre de control por un moderno proyecto de Torre Remota, un proyecto pionero que se iba a compartir con el aeropuerto de Vigo.

Un estudio realizado en 2014 por la empresa Investigación y Control S.A (Incosa) a petición de AENA, determinó que la vida útil de la torre de control del Aeropuerto de Menorca finalizó en 2019 con una prórroga hasta 2024. En 2010 se anunció en el Plan Rector de Aeropuertos la construcción de una nueva torre de control pero la obra nunca fue ejecutada. Así las cosas, la torre de control más vieja de España, inaugurada en 1968, continúa funcionando.

Tras todo ello, las diferentes administraciones han formulado preguntas y mociones para obtener información sobre la futura Torre de Control Virtual que se plantea implementar en la Isla. Sin embargo, han lamentado desde el PP, la respuesta por parte del Gobierno de España siempre es que el proceso de transición a la nueva dependencia de control se encuentra en marcha bajo la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y que la Torre Remota sustituirá al actual una vez se apruebe y certifique.

Los populares no están de acuerdo con la construcción de una futura Torre de Control Virtual por la «complejidad, dificultad y recelo que genera» y, por este motivo, han solicitado al resto de grupos con presencia en el Parlament que apoyen su PNL para instar al Gobierno a paralizar la puesta en marcha de la misma; así como a la construcción de un edificio de control tradicional, actualizando la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Debate en el Parlament sobre IB3

Esta no será sin embargo la única PNL que se debata en el pleno del próximo martes. Pues, el PSIB-PSOE defenderá una iniciativa relativa a la integración del personal interinizado de IB3, unas 315 personas que, después de que el 1 de febrero del 2023, el Govern presidido por la socialista Francina Armengol hizo efectiva la internalización de los servicios informativos, pasaron a formar parte de la plantilla del ente público.

Hay que recordar que entonces, una vez producida la subrogación, se constituyó un nuevo Comité de Empresa, el cual una vez integrado el personal internalizado en la clasificación profesional correspondiente, deberá negociar un nuevo convenio colectivo. Si bien, de momento, ya ha reivindicado la actualización y cobro de algunos conceptos retributivos que a día de hoy se pueden hacer efectivos, como son, por un lado, la antigüedad, y por el otro, la insularidad; así como ha pedido la aplicación inmediata de algunas disposiciones del actual convenio colectivo que hacen referencia a temas como las vacaciones, licencias u otras prestaciones sociales

En esta línea, el PSIB-PSOE propondrá al Parlament que inste al Govern a ejecutar dentro del primer semestre del 2024 la integración del personal internalizado dentro de la clasificación profesional correspondiente, para que las retribuciones estén adaptadas, con efectos de 1 de febrero de 2023; a garantizar que las cuantías atrasadas fruto de la adaptación de las retribuciones sean abonadas en un máximo de tres nóminas consecutivas.

Además, los socialistas buscarán el apoyo de la Cámara para instar al Govern a garantizar, con carácter «inmediato», la percepción por parte de todo el personal internalizado de las retribuciones correspondientes a los complementos de insularidad y de antigüedad; así como a garantizar al personal internalizado la aplicación de las disposiciones del convenio colectivo de aplicación a IB3 correspondientes a vacaciones, licencias y permisos retribuidos, excedencias, formación y prestaciones sociales.

El requisito del catalán

En el pleno del próximo martes, que comenzará a las 10.00 horas, con las preguntas de control al Govern se debatirá asimismo sobre otros temas, como la solución del Ejecutivo autonómico a los edificios Don Pepe, el catalán en la función pública, el Plan de Libre Elección de Lengua, las consecuencias del cierre de la Oficina Anticorrupción y el inicio de la temporada turística, entre otros.

Además, en la sesión plenaria, el PSIB-PSOE interpelará al Govern sobre su política en relación a la Ley estatal de Vivienda y defenderá una moción relativa a la política general del Ejecutivo autonómico en materia de recursos Hídricos.

Y, finalmente, Vox elevará a la Cámara una moción relativa a la política general del Govern en materia agraria, derivada de una interpelación en la que la portavoz de la formación, Idoia Ribas, lamentó que los agricultores ven que sus explotaciones son inviables por la aplicación de políticas restrictivas. «El campo muere y nosotros tenemos el deber de reaccionar», señaló entonces.

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