La Policía Local de Palma permitirá permanecer a los okupas en la Plaza de España, pero les prohibirá dormir y acampar en ella

• Julio Bastida @juliobastidag
• Delegado en Baleares de OKDIARIO
• • 06/11/2026 16:46
  • Actualizado: 06/11/2026 16:47

La Policía Local de Palma permitirá que los ciudadanos permanezcan en la Plaza de España, pero no autorizará que se duerma o se instalen tiendas de campaña y estructuras para acampar, al tratarse de prácticas prohibidas por la normativa municipal. Los agentes mantendrán la vigilancia en el enclave para garantizar el cumplimiento de la ordenanza cívica y la ordenanza de ocupación de la vía pública.

La Policía recuerda que el artículo 71.a de la Ordenanza Cívica de Palma establece expresamente la prohibición de acampar en las vías y espacios públicos. Esta medida incluye la instalación estable en estos lugares de elementos, mobiliario o tiendas de campaña, salvo que exista autorización para espacios concretos. La normativa también prohíbe dormir tanto durante el día como por la noche en estos espacios públicos.

En el caso de las personas que se encuentren en situación de exclusión social, la ordenanza contempla la aplicación de lo previsto en su artículo 105. Por su parte, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asegurado este viernes que el Ayuntamiento mantendrá la vigilancia policial en la plaza de España para «hacer cumplir la ordenanza cívica y la ordenanza de ocupación de vía pública», ante la intención de los participantes en la acampada por la vivienda de continuar en el enclave.

En declaraciones a los medios de comunicación, Martínez ha señalado que «no se ha desalojado absolutamente a nadie» de la acampada, que llevaba instalada en la Plaza de España alrededor de 40 días. Asimismo, ha defendido que las actuaciones policiales se limitan a garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos y deberes de los ciudadanos durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

Preguntado por las declaraciones de los miembros de la acampada, que sostienen que se ha vulnerado su derecho constitucional de reunión, el alcalde ha evitado entrar directamente en el debate y ha señalado que corresponde a la Delegación del Gobierno determinar quién está autorizado en el marco del ejercicio del derecho de manifestación o reunión.

Martínez también ha defendido que las indicaciones trasladadas a los participantes responden exclusivamente a la obligación de respetar las ordenanzas municipales. «Se les ha informado de que no pueden incumplir la ordenanza cívica y la ordenanza de ocupación de vía pública, que no es más que hacer cumplir las normas que todos ustedes, cada uno de nosotros y todos los ciudadanos de Palma tienen que cumplir», ha manifestado.

La situación se produce después de que la acampada por el derecho a la vivienda regresara a la Plaza de España tras el desmantelamiento del campamento durante la noche del pasado miércoles. Este viernes por la mañana, alrededor de una veintena de activistas habían permanecido en el lugar durante la noche, durmiendo al raso sobre cartones y utilizando sacos para protegerse del frío.

Los participantes terminaron abandonando la plaza, aunque el colectivo anunció nuevas movilizaciones. El regreso de los activistas se produjo después de que la Policía Local y los operarios de Emaya desmantelaran el campamento por orden del alcalde, Jaime Martínez. La intervención provocó el rechazo del colectivo, que considera que el desalojo fue ilegal y ha anunciado que estudia emprender acciones judiciales contra el Ayuntamiento.

Desde la Acampada per l’Habitatge de Palma explicaron que los participantes habían pasado la noche con frío, ya que, tras la retirada de las estructuras que utilizaban, habían perdido la protección frente a las condiciones meteorológicas.

De este modo, el Ayuntamiento mantiene su postura de permitir la presencia de ciudadanos en la Plaza de España, pero advierte de que no tolerará la instalación de tiendas de campaña ni que se utilice el espacio público para dormir, en aplicación de la normativa municipal. Por otra parte, el desnortado delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, sigue entregado a los intereses partidistas de Pedro Sánchez y se posiciona a favor de los violentos radicales de izquierda. Es más, lo hace con informes negativos emitidos por la Policía Nacional.