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Palma pide un informe para paralizar o avalar el derribo de un edificio racionalista de 31 de diciembre

La presentación de una solicitud de protección al Consell demora su demolición

Ningún técnico ha avalado su conservación que obligaría a indemnizar al promotor

Palma 31 diciembre
Imagen del edificio racionalista de la calle 31 de diciembre.
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha pedido un informe para paralizar o avalar el derribo de un edificio racionalista de la calle 31 de diciembre en el Ensanche palmesano, cuya demolición ya ha sido autorizada por la Comisión de Gerencia de Urbanismo.

El concejal del ramo, Óscar Fidalgo, ha revelado este martes que en la Comisión de Centro Histórico ha habido debate porque el actual planeamiento vigente se ha cambiado en varias ocasiones y «nadie propuso la catalogación».

A ello hay que sumar que arquitectos y técnicos municipales hasta ahora no han considerado que el edificio revistiera características singulares para su conservación, pero como ha asegurado Fidalgo, por «la especial sensibilidad de este equipo de gobierno», en materia de protección patrimonial se ha encargado un informe técnico, jurídico y económico sobre la posible protección de este inmueble.

«Nunca ha estado catalogado hasta la fecha ni nadie ha solicitado la catalogación y se votó por unanimidad su demolición, excepto la abstención del representante de ARCA», apuntó Fidalgo. El máximo responsable de Urbanismo ha destacado que el propio Ayuntamiento había ya consultado con el promotor sobre si sería factible la protección de la fachada, algo a lo que éste se ha negado ya que, como ha remarcado Fidalgo, «es una propuesta que no tiene obligación legal de atender».

Pero la presentación de una solicitud de catalogación al Consell de Mallorca, máxima instancia en protección del patrimonio en Mallorca, da un margen de actuación al Ayuntamiento para valorar el contenido de ese informe ya que demora la materialización de la licencia de derribo. No obstante Fidalgo ha recordado que la aprobación de una licencia urbanística «es un acto reglado», por lo que en caso de que el Ayuntamiento proceda a proteger la fachada tendrá que indemnizar al promotor.

Esta licencia está sometida a las consideraciones urbanísticas existentes, ha incidido, agregando que en ninguno de los tres cambios de catálogo de la legislatura anterior nadie solicitó la catalogación del inmueble de 31 de Diciembre y que hasta la semana pasada «nadie sabía» que estaba atribuido a Gaspar Bennassar.

«Ahora se ha solicitado y existe este proceso de suspensión, pues nos da margen para establecer y mediar todo lo posible para que no quede por parte del Ayuntamiento que no se hayan intentado por tierra, mar y aire todos los mecanismos legales oportunos para encontrar vías de solución al asunto», ha dicho.

Preguntado de nuevo por si el Ayuntamiento tendrá que pagar una indemnización en el caso de que el Consell apruebe la catalogación del edificio, Fidalgo se ha limitado a señalar que la licencia está concedida conforme al ordenamiento municipal y que lo contrario sería no aplicar la ley.

La entidad conservacionista ARCA exigió la semana pasada al Ayuntamiento conservar la fachada del inmueble asegurando que la pérdida de este edificio sería» otra estocada imperdonable al Eixample, uno de los barrios históricos con carácter que la administración ha sido incapaz de proteger y conservar».

En este sentido, ARCA ha manifestado, en «numerosas ocasiones», que el Eixample es una «pequeña joya» que debe «preservarse y mejorar», puesto que, a su entender, es «absolutamente insuficiente» el número de edificios protegidos que hay en la calle Blanquerna o en la calle Bartomeu Pou.

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