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Palma limpia pintadas vandálicas de edificios históricos que llevaban años ensuciando las fachadas

La campaña en estos inmuebles catalogados o emblemáticos se prolongará hasta final de octubre

La nueva ordenanza cívica contempla sanciones de hasta 3.000 euros por vandalizar estos edificios

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El Ayuntamiento de Palma, a través de la empresa municipal de limpieza Emaya, está realizando nuevas actuaciones para la eliminación de grafitis en edificios históricos y protegidos de Palma, una vez que hace algunas semanas, el pasado 16 de septiembre, se aprobó esta intervención por parte de la Comisión de Centro Histórico.

La planificación diseñada por Emaya, que ya ha empezado a ejecutarse y que se continuará desarrollando a lo largo de las próximas semanas, hasta finales del mes de octubre, ha incluido las fachadas de Can Pujol, edificio emblemático del barrio de Santa Catalina declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Consell de Mallorca; la iglesia de la Verge del Carme; la de Santa Catalina Thomàs; la de la Immaculada Concepció (Sant Magí) y el Auditorium de Palma.

La empresa municipal ha reforzado de forma significativa sus servicios de limpieza de pintadas vandálicas en los últimos años, consolidando su compromiso con la mejora del entorno urbano.

Entre los meses de enero y julio de 2025, las intervenciones de retirada de grafitis en edificios, mobiliario urbano y vía pública se han incrementado en un 97% respecto al mismo período de 2024.

En palabras del teniente de alcalde de Medio Ambiente y a su vez presidente de  la mayor compañía municipal, Llorenç Bauzá de Keizer, «esta notable reactivación no sólo refleja el refuerzo de los medios destinados a esta tarea, sino también una apuesta decidida por mantener una ciudad más limpia y cuidada».

Cabe recordar que la nueva ordenanza cívica, aprobada en la presente legislatura, contempla sanciones económicas de hasta 3.000 euros para los autores de los grafitis, especialmente si se realizan en edificios protegidos, catalogados o emblemáticos.

Esta normativa no sólo busca disuadir a fin de prevenir las conductas incívicas, sino que también pretende reforzar el compromiso colectivo con el respeto al espacio público y la conservación del patrimonio urbano.