Ordenan nuevas diligencias sobre el caso de corrupción que salpica al el ex juez de Podemos Yllanes

El Juzgado de Instrucción número 1 ha ordenado nuevas diligencias relacionadas con el presunto caso de corrupción en el departamento de Industria que durante el Govern del pacto de izquierdas presidía el ex juez de Podemos, y entonces vicepresidente del Govern de Armengol, Juan Pedro Yllanes. Se trata de la investigación del denominado caso Varadero. Casi un año después de las últimas instrucciones, el juez cita a declarar a la que era secretaria general de la Conselleria de Yllanes y a un funcionario. La citación de la primera es para el 21 de septiembre.

Las nuevas diligencias llegan cuando Yllanes ya ha abandonado la vicepresidencia del Govern tras perder el pacto de izquierdas las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo  y cuando ya se ha jubilado como juez.

En el caso Varadero hay de momento dos imputados que ya han prestado declaración ante el juez y son el que era director general de Industria, Antonio Gomila, y la entonces responsable jurídica del departamento, Teresa Relea.

El denominado caso Varadero desvelado por OKDIARIO fue denunciado en el Juzgado de Instrucción número 1 por la empresa puntera del sector náutico Grupo Fabkina. Denunció concretamente presuntos delitos de prevaricación y  falsificación de documento público. La supuesta prevaricación se basa en el archivo sin justificar de los expedientes que el propio Govern de Armengol había abierto a una serie de empresas del sector náutico que trabajan en el Puerto de Palma por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

El supuesto delito de falsificación de documento público se refiere a la resolución firmada por la Conselleria de Yllanes el 29 de julio de 2020 por la que se archivan los expedientes antes mencionados.

El juez solicita ahora las nuevas declaración de nuevos testigos antes de decidir si archiva la causa, como pide la Fiscalía, o prosigue con la investigación a petición del denunciante.

Los hechos se remontan al 9 de septiembre de 2020 cuando el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la Conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso. Un día después el Govern sacó a relucir la resolución amparada por el informe jurídico firmado por Teresa Relea por la que se indica que ya no hay expedientes para tramitar, que los mismos se habían archivado y  que, por tanto, no hay nada que investigar judicialmente.

El truco estuvo en crear el documento del archivo de expedientes un día después de que el juez solicitara toda la documentación y firmarlo poniendo la fecha 29 de julio.

El pasado 22 de noviembre el Grupo Fabkina presentó una querella criminal contra Yllanes donde se acusaba al ex juez de un posible delito de encubrimiento de los hechos ya denunciados anteriormente ante la Justicia, relacionados con la mencionada falsificación de un documento público.

Lo que se presentó realmente es una ampliación de una primera querella que tramita el mencionado juzgado a raíz de la denuncia presentada por el Grupo Fabkina, que a su vez es la principal perjudicada por este caso de corrupción.

Según el escrito de la querella, Yllanes ha sostenido de forma reiterada, incluso en el Parlament, que «todos los procedimientos administrativos y resoluciones adoptadas se han tramitado de conformidad a Derecho, un hecho que provoca la firme sospecha de que ha existido un concierto entre el conseller y los funcionarios a su cargo para la comisión y ocultación de los presuntos delitos que se investigan».

El texto de la querella prosigue así: «Tal comportamiento por parte del máximo responsable a de la Conselleria arroja, cuanto menos, una sospecha racional en el grado o intensidad necesario en esta fase procesal que justifica que se investigue penalmente… por lo que resulta procedente admitir la presente ampliación de la querella así como practicar cuantas diligencias se consideren oportunas para el esclarecimiento de los hechos y su grado de participación».