El obispo exige atención personalizada para los 80 okupas que el Ayuntamiento tiene que desalojar de la antigua prisión de Palma

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 03/06/2026 13:50
  • Actualizado: 03/06/2026 13:50

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha defendido que la acogida de los 80 okupas que deberán abandonar la antigua prisión de Palma tras la orden judicial de desalojo se realice de forma «personalizada» y en pequeños grupos, al considerar que cada caso requiere una atención específica.

En declaraciones a los medios tras la presentación de la Feria de la Caridad 2026 Taltavull ha explicado que el Obispado mantiene la disposición mostrada desde el inicio para colaborar en la atención a los afectados, aunque ha advertido de que no puede asumir una acogida masiva.

«No podemos recibir masivamente a 100 personas porque no sabríamos dónde ponerlas», ha señalado el obispo, si bien ha añadido que tanto Cáritas como otras entidades vinculadas a la Iglesia acogerán a los afectados «de forma progresiva».

La reubicación se llevará a cabo en espacios que se encuentran actualmente ocupados, aunque se estudiarán alternativas para incorporar a nuevos usuarios.

El obispo ha recordado que representantes de la Iglesia participaron en reuniones con el Ayuntamiento de Palma, el Govern y distintas entidades implicadas para abordar la situación de las personas que residen en el antiguo centro penitenciario.

Asimismo, ha subrayado que el objetivo no es únicamente proporcionar alojamiento, sino también acompañar a los afectados en procesos de integración social. «Estamos dispuestos a hacer este trabajo siempre que podamos hacerlo bien», ha afirmado.

Las manifestaciones de Taltavull se producen el día después de conocerse que un juzgado de Palma ha autorizado la entrada y desalojo forzoso de los últimos 80 okupas (llegaron a contabilizarse 200) que residen en la antigua prisión de la ciudad, que, previsiblemente, se ejecutará este mes de junio.

Será precisamente mañana cuando la Junta Local de Seguridad Extraordinaria se reúna para planificar, coordinar y establecer una fecha para el desalojo.

La degradada y abandonada antigua prisión se había convertido en un epicentro de delincuencia: peleas entre okupas, incendios, robos y consumo de drogas son parte del día a día e incendios intencionados.

En la parte trasera del recinto cuya okupación toleró el anterior gobierno municipal de izquierdas con el ex alcalde socialista, José Hila, al frente, colindante con el parque de Cas Capiscol, se pueden encontrar coches abandonados y desguazados, evidencias del caos imperante ampliamente denunciado por los vecinos de la zona.

Dentro del recinto, las reformas improvisadas son visibles: suelos embaldosados, puertas metálicas, paredes pintadas y focos alimentados por placas solares. Sin embargo, el acceso a agua potable es imposible desde el interior, obligando a los ocupantes a recurrir a fuentes públicas cercanas.

La vieja prisión se había transformado en un hotel que mezcla marginalidad y emergencia habitacional, donde residentes e incluso algún turista convivían en condiciones indignas.

El auto judicial señala la necesidad del desalojo, teniendo en cuenta el «mal estado de salubridad» en el que se encuentran los residentes, tal y como se desprende de informes de la Policía Local, del Servicio contra Incendios y Salvamento y autoridades sanitarias.

Estos informes, continúa la resolución judicial, ponen de manifiesto la existencia de un «riesgo real, grave y actual» para la vida e integridad física de las personas que residen en el inmueble, una estructura que «dificulta» la evacuación y un «alto riesgo» de incendio.