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Mallorca exige a Sánchez que proteja las históricas casetas de pescadores de la costa

Entidades lamentan que muchos expedientes de renovación de concesión se estén denegando

Los concesionarios critican la falta de seguridad jurídica para garantizar su conservación

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

Mallorca exige al Gobierno de Pedro Sánchez que proteja las históricas casetas de pescadores de la costa, conocidas como escars. Como recuerdan en un comunicado las asociaciones legalmente constituidas de escars de Santanyí, Llucmajor y Port de Canonge, junto con la asociación de escars de Mallorca -en fase de constitución-, los escars no son edificaciones residenciales ni estructuras concebidas con fines urbanísticos o turísticos.

«Son construcciones funcionales, austeras e integradas en el paisaje, destinadas a resguardar embarcaciones tradicionales y facilitar la actividad pesquera artesanal. Constituyen un patrimonio cultural vivo que forma parte esencial de la identidad litoral de Mallorca y del conjunto de las Islas Baleares».

Estas entidades, representativas de titulares y usuarios de escars y casetas de pescadores vinculadas históricamente a la actividad marítima tradicional, valoran positivamente la futura Ley de Ordenación y Gestión Integral del Litoral. Así por ejemplo consideran acertado que la ley contemple inventarios insulares rigurosos, criterios objetivos de reconocimiento y un régimen específico de conservación que impida ampliaciones, transformaciones sustanciales o cambios de uso incompatibles con su naturaleza original.

No obstante, las asociaciones desean poner de manifiesto una situación que resulta objetivamente contradictoria con la finalidad de preservación que ahora se impulsa. Es el hecho de que numerosos expedientes de concesión relativos a escars están siendo denegados por parte de la dirección general de Costas.

En muchos casos, la denegación se fundamenta en criterios estrictamente formales o en una interpretación literal de la normativa estatal de costas que no siempre toma en consideración la singularidad patrimonial de estas construcciones.

Se produce, además, una paradoja relevante en determinados supuestos se deniega la concesión por no haberse ejecutado obras de reforma y en otros, se rechaza precisamente por haber intervenido en la estructura sin el título concesional previo.

Desde una perspectiva institucional y constructiva, las asociaciones consideran imprescindible que la futura ley autonómica vaya acompañada de una adecuada coordinación con la Administración General del Estado, de forma que los criterios aplicados en materia concesional sean coherentes con la voluntad de protección patrimonial reconocida normativamente.

«La preservación del patrimonio etnológico marítimo no puede depender exclusivamente de interpretaciones administrativas dispares. Requiere directrices claras, homogéneas y alineadas con el interés general de conservación cultural y paisajística», advierten estas entidades.

Las asociaciones expresan su confianza en que la nueva Ley de Ordenación y Gestión Integral del Litoral contribuya no solo a reconocer formalmente el valor de los escars, sino también a propiciar un marco de colaboración interadministrativa que permita resolver las actuales disfunciones y otorgar estabilidad jurídica a quienes mantienen vivo este legado tradicional.

«Proteger los escars es proteger cultura, historia y paisaje. Hacerlo con coherencia normativa y seguridad jurídica es la condición indispensable para que esa protección sea real y efectiva», concluye el comunicado de estas entidades.

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