La Fiscalía se adhiere al recurso de Le Senne y reitera la petición de archivo de la causa por delito de odio

El fiscal delegado de Delitos de Odio y Discriminación de Baleares, José Díaz Cappa, ha presentado un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 1 de Palma adhiriéndose a la apelación del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), en la que reclama el archivo de la causa abierta contra él por delito de odio en relación al incidente ocurrido en el pleno con la fotografía de Aurora Picornell y las Roges del Molinar.

El representante del Ministerio Público, que ya pidió que se dictara el sobreseimiento al entender que no había en la conducta de Le Senne intención de lesionar ni discriminar, hace ahora suyos los argumentos del investigado, que presentó escrito de apelación tras acordarse la continuación del procedimiento.

En su escrito, el fiscal vuelve a reproducir los argumentos en los que el pasado 21 de enero se apoyó para pedir el archivo e insiste en que teniendo en cuenta el contexto, las imágenes del pleno y las declaraciones de los testigos, no queda acreditado, con las exigencias propias del derecho penal, el dolo que llevaría a hablar de un delito de odio concretado, en este caso, en la voluntad de lesionar la dignidad y la memoria de las mujeres víctimas de la represión franquista. Tampoco se aprecia, a su parecer, motivación discriminatoria.

El fiscal reitera y admite que de la visualización de los vídeos de la sesión parlamentaria y de las declaraciones de los diferentes testigos en realidad se deduce la existencia de un «acto colérico» de mala praxis y «formas sin duda incorrectas» por parte del investigado, y que tendrían más que ver con una reacción, fuera de lugar, que expresaba «su fuerte enojo» ante el incumplimiento por parte de las socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa en relación a la retirada de las fotografías que estaban exhibiendo.

José Díaz Cappa recuerda en su escrito que «en sesión parlamentaria de fecha 15 de octubre de 2024 (posterior a la de los hechos ocurridos en sesión parlamentaria de fecha 18 de junio de 2024) se produjo un episodio similar al que el auto impugnado recoge como indiciariamente delictivo, en el que las diputadas portaban una camiseta con la misma fotografía anterior, pero ahora impresa en la tela, y que el presidente del Parlament y ahora investigado instó de nuevo, en su condición de presidente, a retirar, sin que se procediera a ello por las citadas, dando de nuevo lugar a una expulsión de las parlamentarias de las sesiones del debate de esa sesión». El fiscal apunta que «el instructor no consideró delictivo este comportamiento y que, por este hecho, existe pendiente un recurso de apelación».

Las acusaciones reclama, por su parte, la apertura de juicio oral y reclaman penas de prisión que van desde los 16 meses hasta los cuatro años.