Entidades sociales de Palma no ofrecen vivienda alguna para acoger a los 200 okupas de la antigua prisión

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 03/03/2026 18:02
  • Actualizado: 03/03/2026 18:02

Entidades sociales de Palma no ofrecen vivienda alguna al Ayuntamiento para acoger a los 200 okupas de la antigua prisión, después de que el Consistorio les haya remitido una carta a todos los colectivos representados en la red EAPN.

El objetivo es que pongan a disposición de las personas que residen en la antigua prisión «soluciones urgentes y provisionales, ante una situación que requiere una respuesta inmediata y coordinada», ha insistido el primer teniente de alcalde, Javier Bonet.

En dicha misiva, el Consistorio recuerda que, por imperativo técnico y de seguridad, se deberá proceder al desalojo de la antigua prisión, atendiendo a los informes que acreditan riesgo cierto de incendio y que hacen inviable la ocupación sin poner en peligro la integridad de las personas que residen en su interior.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la colaboración de las entidades para que ofrezcan plazas de acogida temporal, en caso de disponer de ellas; activen recursos residenciales de emergencia; valoren derivaciones prioritarias en programas gestionados por dichas entidades; y propongan cualquier solución habitacional provisional que pueda ponerse en marcha de forma inmediata, así como que lo comuniquen con la mayor brevedad posible.

Cabe recordar que, de forma paralela, el área municipal de Servicios Sociales mantiene un contacto permanente con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), la Conselleria de Asuntos Sociales y el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), en el marco de una estrecha colaboración interinstitucional que permita explorar todas las soluciones posibles a nivel legal y competente.

Asimismo, como ya se ha comunicado, la pasada semana se solicitó la colaboración de diferentes entidades sociales, como Cruz Roja o el Obispado, no habiendo obtenido ninguna solución habitacional por parte de las mismas.

«Estamos en contacto con algunas organizaciones del tercer sector, pero hasta la fecha ninguna entidad ha puesto ni una sola solución habitacional a disposición. Seguimos buscando alguna entidad o particular que pueda colaborar», ha recordado Javier Bonet.

Además, atendiendo al ámbito competencial del asunto, desde el Ayuntamiento se ha instado en varias ocasiones a la Delegación del Gobierno a habilitar las medidas que estén a su alcance, teniendo en cuenta que, según los anteriores censos municipales, aproximadamente el 65% de las personas que residen actualmente en el interior del inmueble se encontraban en situación administrativa irregular, datos que están siendo cotejados con la Policía Nacional.

Cabe recordar que el pasado viernes se celebró una Junta de Govern extraordinaria en la que se inició formalmente el proceso de recuperación posesoria de la antigua prisión.

Ese mismo día comenzó la notificación individualizada a las 206 personas censadas en el interior del inmueble, otorgando un plazo de cinco días hábiles para presentar las alegaciones que consideren oportunas. Hasta la fecha, se ha notificado a 170 personas del censo total.

Una vez finalizado el plazo de notificaciones y alegaciones, y resueltas las que, en su caso, se presenten, se dictará el acuerdo definitivo que obligará a cesar la ocupación en un plazo máximo de cuatro días. En caso de no producirse el abandono voluntario, se solicitará la correspondiente autorización judicial.

Al margen del proceso administrativo de notificaciones, el Ayuntamiento de Palma ha llevado a cabo desde el inicio de la legislatura numerosas actuaciones destinadas a garantizar la seguridad y la integridad tanto de las personas que residen en el interior del inmueble como del entorno.

49 intervenciones en 2025 de los bomberos

En este sentido, Bomberos de Palma realizó en 2024 un total de 16 actuaciones en el recinto, cifra que se elevó a 49 intervenciones durante 2025. Y en lo que va de 2026, ya se han llevado a cabo más de una decena de intervenciones.

Por su parte, la Policía Local ha realizado más de 260 actuaciones en el interior del recinto desde el inicio de la legislatura, de las cuales casi 150 exceden las competencias habituales del cuerpo.

Este crecimiento progresivo de las actuaciones es reflejo del aumento sostenido de los incidentes y la conflictividad registrada en la antigua prisión, especialmente en los últimos meses. Uno de los más graves fue el incendio ocurrido el pasado 21 de febrero, cuando fue necesario rescatar a cuatro personas en una actuación en la que un agente de Policía resultó herido durante la evacuación. Al día siguiente, se detectó un nuevo incendio en las inmediaciones del recinto, sin que se produjeran heridos.

Siguiendo con las actuaciones municipales, el 25 de febrero se procedió a la instalación del control de acceso a la antigua prisión —que se mantendrá hasta proceder al desalojo completo del recinto— con el objetivo de identificar a todas las personas que residen en su interior y evitar que el número de ocupantes varíe o aumente mientras dure el proceso de recuperación posesoria.

Al día siguiente, se detectó un intento de acceso de varias personas que habían llegado en patera y que portaban la ubicación de la antigua prisión guardada en un dispositivo GPS.

Ese mismo día, la Guardia Civil procedió a la detención de dos personas residentes en la antigua prisión, en colaboración con la Policía Local, y se practicó la detención de otra persona de nacionalidad argelina incluida en el censo.