Dimite el dircom del alcalde socialista de Palma al que la Fiscalía le pide 17 años de cárcel
Imputado en el 'caso Multimedia', está acusado, entre otros delitos, de malversación, prevaricación y fraude a la Administración
La imputada edil independentista de Palma incumple el código ético de su partido al no dimitir
Dimite el alto cargo de Palma que se pasó al PSOE tras empezar con Podemos y que nunca ha trabajado
Dimite el jefe de Comunicación del alcalde socialista de Palma al que la Fiscalía le pide 17 años de cárcel. José Juan Alcover deja el cargo a tres meses de las elecciones, y después de que hace dos semanas se examinara y lograra consolidar su plaza en la Empresa Municipal de Transportes (EMT), donde ahora ha logrado puesto de por vida, siendo además director general de Comunicación en el Ayuntamiento.
Con el horizonte laboral resuelto, Alcover hacía público este viernes un comunicado en el que informaba de que había presentado su renuncia «al ser utilizado por el PP por un caso abierto» hace cerca de diez años, que se inició por una denuncia de la Abogacía de la comunidad autónoma.
Hace tres años, cuando se dictó la apertura de juicio oral del denominado caso Multimedia que no se ha celebrado, la parte denunciante habría retirado a Alcover toda acusación al considerar que no concurría responsabilidad penal alguna, si bien no ha sucedido así con la Fiscalía.
En concreto, el Ministerio Público acusa a José Juan Alcover de un delito continuado de prevaricación, por el que solicita la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo y cargo público; por el delito continuado de malversación las penas de seis años de prisión, con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 años.
Por el delito continuado de fraude a la Administración, la pena de tres años de prisión con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y seis años de inhabilitación especial para empleo y cargo público.
Por el delito de tráfico de influencias, la pena de dos años de prisión y 200.000 euros de multa con responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, y por el delito continuado de falsedad en documento oficial, las penas de seis años de prisión con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Y, por último, 24 meses de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros con responsabilidad personal subsidiaria y seis años de inhabilitación especial para empleo y cargo público.
Pese al volumen de las penas solicitadas, Alcover ha manifestado que con más de 30 años de experiencia en comunicación, «me siento muy tranquilo, pero no consentiré que se me utilice por el PP electoralmente en esta campaña como cortina de humo, después del caso del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí Torres».
«Prefiero dar un paso al lado y ahora espero que el presidente del Consell de Ibiza haga lo mismo», afirma Alcover, si bien Marí ni tan siquiera ha prestado declaración ante el juez instructor de un caso denunciado desde la Oficina Anticorrupción sin investigar y presidida por el alto cargo socialista Cristóbal Mateu.
Alcover era entre 2008 y 2011 empleado como técnico de comunicación en la empresa pública Multimedia de las Islas Baleares. En la causa que arrancó en 2014 y que no ha sido aún juzgada, están imputados hasta once ex altos cargos socialistas, caso de los ex directores generales José Antonio Santos, Antoni Manchado (senador entre 2011 y 2015) o Francisco Cano, padre de la diputada socialista Silvia Cano, a los que el Ministerio Público acusa de los delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.
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