Denuncian un sobrecoste de más de 20 millones en el cable eléctrico de Baleares por la polémica con la posidonia
El proyecto más caro por el que apuesta Red Eléctrica cuenta con el respaldo del Govern balear
El proyecto de interconexión eléctrica entre la Península y Mallorca (PENBAL 2), impulsado por Red Eléctrica y el Ministerio, está en el centro de la polémica por un supuesto sobrecoste que, según los análisis técnicos citados por sus críticos, superaría los 20 millones de euros debido a la elección del trazado.
De acuerdo con la documentación del proyecto, la alternativa finalmente seleccionada para el tendido eléctrico terrestre sería notablemente más costosa que otras opciones que se habían estudiado previamente. En concreto, el trazado aprobado en la denominada «Alternativa 14» contempla un recorrido de unos 13,3 kilómetros en tierra, mientras que otra opción descartada habría reducido esa distancia a aproximadamente 2,1 kilómetros, utilizando infraestructuras ya existentes en la zona de Es Murterar.
Esta diferencia en el diseño del recorrido se traduce, según los cálculos recogidos en los propios informes del proyecto, en un sobrecoste en el tramo terrestre de alrededor de 32 millones de euros. Además, el balance global entre alternativas sitúa el incremento total del proyecto en torno a los 20 millones de euros, en comparación con la opción más corta y, según los críticos, más eficiente desde el punto de vista económico y técnico.
Uno de los principales argumentos utilizados para justificar la elección del trazado más largo ha sido la protección de la Posidonia oceanica, una planta marina protegida y fundamental para el ecosistema del Mediterráneo, ya que actúa como refugio de biodiversidad y contribuye a la calidad del agua. Sin embargo, esta justificación ha sido cuestionada por técnicos y voces críticas, que señalan que en algunas zonas del trazado alternativo descartado no se habría detectado presencia de posidonia, sino fondos marinos ya degradados o colonizados por otras especies de algas.
Estas conclusiones han alimentado la controversia, ya que se pone en duda si el criterio ambiental aplicado ha sido proporcionado o si se habría sobredimensionado la protección de determinadas zonas con soluciones más sostenibles, cortas y económicas. En este contexto, los críticos sostienen que la decisión final habría priorizado un trazado más largo y costoso sin una justificación ambiental suficientemente clara en todos los tramos afectados.
A nivel institucional, el proyecto cuenta además con el aval de la Conselleria de Transición Energética y del Govern balear, que defienden la alternativa elegida al considerar que se trata del trazado que menos perjuicio causa al medio ambiente y que ofrece una mejor integración global del proyecto en el territorio. Según esta posición, la opción seleccionada habría sido la más adecuada tras valorar tanto los impactos ambientales como las necesidades técnicas de la interconexión.
A ello se suma el debate sobre el impacto territorial en Mallorca, ya que el trazado aprobado atraviesa el municipio de Alcúdia en un recorrido diagonal que afectaría a numerosas parcelas privadas y generaría una mayor afección al entorno urbano y rural. Frente a ello, la alternativa descartada habría discurrido por zonas con infraestructuras eléctricas ya existentes, lo que, según estas versiones, habría reducido la afección sobre viviendas y suelo habitado.
Mientras el proyecto avanza como una infraestructura clave para garantizar la seguridad energética de Baleares, la controversia sigue abierta entre la necesidad de reforzar la interconexión eléctrica, el incremento de costes, las discrepancias sobre la protección ambiental y el impacto real de las distintas alternativas que se barajaron durante su planificación.
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