Los defensores de tirar el monumento de Sa Feixina pasan el cazo para pagar 3.200 € de costas del juicio

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 25/02/2026 04:00
  • Actualizado: 25/02/2026 04:00

Los defensores de tirar el monumento de Sa Feixina -homenaje a las víctimas del crucero Baleares en la Guerra Civil- pasan el cazo para pagar los 3.200 euros de costas del juicio que han perdido, tras interponer múltiples recursos durante las dos pasadas legislaturas con gobiernos de izquierdas en el Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Palma.

Ahora la asociación Memoria de Mallorca deberá abonar el pago de las costas procesales tras fracasar en los tribunales su empeño en demoler esta obra monumental del arquitecto palmesano Francisco Roca Simó.

Este monolito está protegido y declarado Bien Catalogado por el Consell de Mallorca, tal y como sentenció el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Palma y también estableció el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) mediante la sentencia 312/2021, de 26 de junio de 2021.

La presidenta de Memoria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha calificado de «vergüenza» que se condene a pagar a una entidad memorialista por tratar de mantener el espacio público «limpio de monumentos franquistas».

Aunque el monumento fue adaptado a la Ley de Memoria por la ex alcaldesa socialista de Palma y hoy secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, que lo despojó de toda su simbología franquista, esta organización insiste en que sigue siendo el monumento franquista «más grande» que queda en España, asegurando Oliver que para mucha gente «es ofensivo». Sin embargo, su construcción fue sufragada por cuestación popular en 1947 y su derribo fue rechazado por la mayoría de entidades vecinales y culturales.

Ahora para hacer frente al pago de las costas procesales, los integrantes de este colectivo han abierto una campaña solidaria para que cualquier persona pueda hacer una aportación voluntaria para «ayudar a pagar esta pena», ya que Oliver afirma que «son una entidad sin ánimo de lucro que se sostiene con las aportaciones de sus miembros». Además la entidad tiene que pagar «de manera inmediata» porque si no aumentan los intereses.

Por otro lado y al hilo del proceso de derogación de la Ley balear de Memoria Democrática, ha preguntado retóricamente qué «daño» hace esta normativa si lo único que pretende es contar lo que pasó y encontrar a las víctimas.

El también miembro de Memoria de Mallorca Pedro de Echave ha resaltado que hace 20 años cuando se creó la organización «estaban solos» y esto ha sido una «carrera de obstáculos», por lo que ha resaltado la «constancia y determinación» de los familiares.

Al mismo tiempo, ha ahondado en que el objetivo de la entidad tendría que ser desaparecer una vez hallados a los represaliados y hecha la labor de concienciación pero cada vez se encuentran «nuevos obstáculos», por lo que su determinación es «continuar».

Oliver también ha avanzado que la asociación tiene la intención de elevar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque consideran que la decisión de la apertura del juicio oral contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, por un posible delito de odio se está «retrasando mucho».

De este modo, ha ironizado con que el juicio al ex fiscal general del Estado Álvaro García se ha celebrado y sentenciado «en dos días» y, por el contrario, la causa que debe juzgar a Le Senne por la rotura de la foto de Las Rojas del Molinar todavía está «a la espera».