La defensa de los instructores del ‘caso Cursach’, Penalva y Subirán, pide la absolución

El abogado Javier Barinaga, defensa del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, ha solicitado la nulidad de los mensajes del grupo de Whatsapp en el que los investigadores del caso Cursach, junto con otros policías acusados, comentaban las investigaciones, al considerar que vulneran «gravemente» varios derechos fundamentales.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha acogido este lunes el primer día de juicio contra los investigadores de la fase de instrucción del caso Cursach, Penalva y Subirán, para los que Fiscalía solicita 118 y 121 años de prisión, respectivamente.

Cabe destacar que en esta causa también están imputados miembros del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Blanqueo de Capitales. En concreto, el inspector jefe José Luis García, el subinspector Miquel Ángel Blanco, la subinspectora Blanca Ruiz y el policía Iván Bandera.

El juicio ha empezado con la lectura de los escritos de acusación y de defensa, estos últimos solicitando la libre absolución de los procesados.

Seguidamente, ha intervenido el abogado de Penalva y Subirán, quien ha expuesto 11 cuestiones previas, todas ellas entrelazadas, recayendo especialmente en la nulidad de la prueba principal que, según ha dicho, se ha «tildado» como entrega voluntaria de los móviles de Bandera y Ruiz.

En detalle, se ha referido a los mensajes del grupo de Whatsapp que el juez y el fiscal tenían con los otros acusados, donde comentaban las investigaciones llevadas a cabo y que fueron obtenidos a raíz de la incautación de los móviles de dos de los policías imputados.

«No es una entrega ni es voluntaria», ha reiterado el letrado, mencionando algunos de los derechos fundamentales que se ven «gravemente vulnerados» como el derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, a la inviolabilidad de las comunicaciones, a un proceso con todas las garantías, a la asistencia letrada o a la libertad de información.

Además, ha comparado la incautación de los móviles de los policías con los rastreos de llamadas y la incautación de los terminales a los periodistas del caso Móviles, declarado nulo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Baleares y el Tribunal Constitucional. Por ende, si esto se declaró nulo, la incautación a los policías es también irregular, según argumenta el abogado.

Asimismo, ha alegado que Bandera entregó el móvil en un momento de «21 minutos de oscuridad», cuando fue detenido sin presencia de un abogado, y de igual modo ocurrió con Ruiz.

Por tanto, el letrado ha subrayado que «no hay otra opción» más que una sentencia absolutoria y la nulidad de la instrucción, sin que se llegue a practicar el juicio oral. También ha recordado que en el momento de los hechos sus representados eran aforados «y para la imputación de unos aforados es necesaria una absoluta concreción e individualización».

En su escrito de más 30 páginas, Fiscalía Anticorrupción atribuye al magistrado y fiscal de la fase de instrucción del caso Cursach delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, detención ilegal, prevaricación e inducción al falso testimonio.

También Fiscalía solicita 162 años de inhabilitación y 59.400 euros de multa para Penalva y 162 años de inhabilitación y 72.600 euros de multa para Subirán. En el escrito se señalan las instrucciones de los casos Cursach, ORA, IME y Madame.

Además para el Grupo de Blanqueo pide, por delitos de revelación de secretos, detención ilegal, prevaricación y obstrucción a la justicia, penas que suman más de 340 años de prisión.

A estas penas de cárcel se suman las presentadas por los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert, Jaime Lladó y Antonio Bergas. En el escrito, reclaman penas de más de 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación, y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones.

A lo largo de las 32 páginas del escrito, firmado por los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo, el Ministerio Fiscal sitúa entre 2013 y 2018 cómo el juzgado de Instrucción número 12 de Palma siguió varios procedimientos penales para la investigación de diferentes hechos en los que intervinieron los seis acusados.

En las fechas mencionadas, el Ministerio Fiscal también describe cómo los medios de comunicación divulgaron información de las investigaciones judiciales del caso Cursach, ORA e IME con informaciones «facilitadas por los acusados y sin que evitaran o impidieran su divulgación ni investigaran quién filtraba la información».

En detalle, en el escrito de acusación desgrana informaciones publicadas en diferentes medios de Baleares estando la causa bajo secreto de sumario.

Además, el Ministerio Fiscal sostiene que las detenciones de 15 personas en el caso ORA se llevaron a cabo tras un testimonio «de contenido completamente inconcreto y especulativo». Indica que tras «una muy deficiente investigación», los acusados practicaron detenciones, presiones a detenidos, investigados y testigos y envíos a prisión.

La Fiscalía también alude a la detención del ex político del PP Álvaro Gijón, su hermano y sus padres con la motivación de «presionar y ablandarlo», y la imputación a cada uno varios delitos «inexplicablemente». Tras las declaraciones, los padres quedaron en libertad, pero el Ministerio Fiscal explica que el hermano de Gijón continuó arrestado «sin motivo alguno que lo justificara».

En referencia a Gijón, los fiscales argumentan que «los investigadores se habían fijado como meta demostrar su implicación y entre todos decidieron las detenciones de su familia para ejercer presión sobre el político».

La Fiscalía revela siete hechos más en las instrucciones judiciales del caso Cursach en las que describe presiones de Penalva, Subirán, Blanco, Bandera, Ruiz y Reguera a diferentes testigos y detenidos, entre ellos el director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert.

El Ministerio Fiscal solicita a los acusados indemnizaciones para 15 detenidos a razón de 6.000 euros para cada uno por la privación de libertad y los daños morales.