Corrupción en Baleares: el vicepresidente Yllanes obligado a aclarar en el Parlament el ‘caso Varadero’

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 04/06/2022 06:55
  • Actualizado: 04/06/2022 10:47

El vicepresidente del Govern balear de Podemos, el exjuez Juan Pedro Yllanes, deberá de responder en la sesión de control al Ejecutivo autonómico presidido por la socialista, Francina Armengol, a una pregunta registrada por Vox en relación al ‘caso Varadero’, en concreto, a la primicia revelada por OKBALEARES sobre la supuesta falsificación de documento público por parte del director general de la Conselleria de Transición Energética.

En concreto la diputada de esta formación, Idoia Ribas, instará a Yllanes a contestar si «es cierto que un director general de su Consellería ha falsificado un documento público para evitar sanciones a empresas afines al Gobierno de Armengol».

Hasta la fecha, la actitud de Yllanes ha sido la de escurrir el bulto, y no contestar a nada sobre el denominado ‘caso Varadero’ cuando ha sido requerido desde Vox, atacando al mensajero en otras ocasiones, e incluso,  las formaciones del tripartito de izquierdas han bloqueado su comparecencia por este asunto en la Cámara balear para aclarar una causa que investiga el Juzgado de Instrucción 10 de Palma.

Tal y como informó este digital, los hechos se remontan a noviembre de 2018, cuando se presentó ante la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria que la pasada legislatura dirigía el socialista Iago Negueruela, hoy portavoz del Ejecutivo, una denuncia formulada por el Grupo Fabkina SL contra diversas empresas que trabajan en el Puerto de Palma que no cumplían las normativas sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente, pero que eran subvencionadas por el gobierno de Armengol.

La presunta falsificación documental denunciada en los juzgados por el Grupo Fabkina, materializa ya con Yllanes al frente de la cartera de Industria, se ha traducido en que varias empresas que incumplían la normativa sobre instalaciones industriales, han seguido trabajando en el Puerto de Palma y se han librado del expediente sancionador, que inicialmente, se vio obligado a abrirles el Govern y de una investigación judicial que ya se había iniciado y, que en estos momentos, continúa en curso.