El Consell protege de forma definitiva el monumento al Crucero Baleares con la declaración de BIC
El Tribunal Supremo confirma el monolito de Sa Feixina como bien catalogado
El Govern de Armengol se empecina en el derribo del protegido monumento de Sa Feixina en Palma
La Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Consell de Mallorca, reunida en la mañana de este martes, ha declarado la aprobación como Bien de Interés Cultural (BIC) del monumento al crucero Baleares de Sa Feixina con siete votos a favor y cuatro en contra. Este acuerdo, que ha contado con los votos a favor de PP y Vox, será refrendado en el próximo pleno, que tendrá lugar el jueves 19 de octubre.
De esta forma, la Comisión de Patrimonio ha dado vía libre a esta iniciativa que forma parte de los acuerdos de gobierno firmados por el PP y Vox que permitirán declarar este monolito, como, Bien de Interés Cultural (BIC).
La declaración como BIC del monolito de Sa Feixina será llevada a pleno cumpliendo la sentencia 94/2020 de 27 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Palma y declarada firme mediante diligencia de ordenación de 28 de noviembre de 2022, en la que declaró el citado monumento como Bien Catalogado.
Tras su aprobación en el pleno del Consell, el acuerdo será comunicado al Ayuntamiento de Palma y al Gobierno de las Islas Baleares, para que posteriormente, la orden aparezca publicada en el Boletín Oficial de Baleares, anotándose la misma en el Catálogo Insular del Patrimonio Histórico de Mallorca.
David Gil, conseller insular, portavoz adjunto de Vox y miembro de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, ha señalado que «hoy es un día importante, ya que hemos logrado que siga en pie un monumento
tan significativo», añadiendo que, «valoramos muy positivamente la decisión de la Comisión de Patrimonio Histórico, una decisión que avalamos y que responde a los acuerdos programáticos, firmados entre
Vox y el PP, en el Consell de Mallorca».
Gil, ha dicho también que «desde Vox lamentamos una vez más la actitud que han mostrado los partidos de izquierda y en especial Més, ya que ha sido una clara muestra de revanchismo y falta de rigor histórico, ante la decisión tomada por la Comisión de Patrimonio Histórico».
Cabe recordar que el Pleno del Consell Insular de Mallorca, celebrado en sesión extraordinaria el 18 de julio de 2017 y a propuesta de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, acordó, no declarar como Bien
Catalogado el monumento al Crucero Baleares de Sa Feixina en base a los informes emitidos en su día por técnicos del servicio de patrimonio histórico.
El camino para declarar BIC el monumento de Sa Feixina se inició pocos días después, cuando la Asociación de Vecinos y Amigos de Santa Catalina interpuso un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Consell, que fue estimado por el Juzgado, si bien el Consell y el Ayuntamiento de Palma, gobernados por formaciones políticas de izquierda, y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca interpusieron recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de las islas Baleares, recurso que fue desestimado, al igual que el recurso de casación, presentado ante el Tribunal Supremo, por lo que el Juzgado Contencioso Administrativo número 3, declaró la firmeza de la sentencia número 94 de 27/02/2020.
El pasado 6 de septiembre, el Ayuntamiento de Palma, a través de la junta de gobierno, anuló el concurso de demolición del monumento al Crucero Baleares, así como del pavimento del espacio libre alrededor de la estructura, que en su día fue convocado por el pacto de izquierda, procedimiento que fue posteriormente paralizado cautelarmente por orden judicial en 2017.
La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que esta «no es una decisión política, sino que se trata de una medida judicial que la institución tiene que cumplir».
Además, ha recordado que «el monumento fue recontextualizado en 2010 por el gobierno municipal de la socialista Aina Calvo y ya se adaptó a la ley de memoria histórica con un importante gasto para las arcas públicas».
Por ello, Roca ha insistido en que el Tribunal Supremo es el órgano de mayor rango del Poder Judicial y ha hecho hincapié en que el recurso interpuesto al Tribunal Constitucional no exime a la institución de acatar la sentencia.
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