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Condenan a la Guardia Civil a pagar 72.000 euros por la búsqueda de una mujer desaparecida en Ibiza

el Tribunal estima en parte el recurso presentado por la UTE Giref, encargada de la gestión del vertedero de Ibiza

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Guardia Civil a pagar 72.586 euros por la búsqueda en el vertedero de Ibiza del cuerpo de Nuria Escalante, desparecida en la isla en 2018.

En la sentencia, recogida por la agencia Europa Press, el Tribunal estima en parte el recurso presentado por la UTE Giref, encargada de la gestión del vertedero de Ibiza.

En ella se destaca la expresa imposición de las costas procesales a la parte recurrente, esto es, la empresa concesionaria gestora del servicio público insular de residuos urbanos de Ibiza y Formentera. La sentencia es susceptible de recurso de casación.

Según se relata, entre octubre y noviembre de 2018, y en el marco de las actuaciones por la desaparición de esta persona, la Guardia Civil se puso en contacto con los responsables de la parte recurrente por si pudiera haberse lanzado el cuerpo sin vida de una persona desaparecida en un contenedor de residuos urbanos.

Por tanto, entre el 15 de enero y el 22 de marzo de 2019 se realizaron determinados trabajos en ese vertedero con el fin de buscar posibles restos.

Finalizadas las tareas de búsqueda del cuerpo por parte de la Guardia Civil, se registró en el Consell una factura por importe de 72.586 euros, que fue rechazada con la justificación de que no correspondía a ningún gasto realizado por la institución. Tras ser remitida la factura después a la Comandancia de la Guardia Civil de Baleares, también fue rechazada.

En la sentencia, entre otros aspectos, se destaca que no se trata de una reclamación de responsabilidad patrimonial por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, sino de la reclamación de cantidad contra la Administración por unos trabajos encargados y realizados.

Aunque no existe un contrato formalmente suscrito, ello no implica que no exista y que la Administración no deba cumplir con sus obligaciones, se afirma en la sentencia.