Cerco judicial por corrupción al vicepresidente y ex juez Yllanes con la imputación de su ‘número 2’

• Miquel Ángel Font @mafontvilla3
• Corresponsal político en OKDIARIO Baleares. Antes, redactor jefe de EL MUNDO/ El Día de Baleares.
• • 13/10/2022 14:16
  • Actualizado: 13/10/2022 17:10

El cerco judicial se estrecha en torno al vicepresidente del Govern balear, el ex juez de Podemos Juan Pedro Yllanes, por el presunto caso de corrupción relacionado con el trato de favor hacia determinadas empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que gobierna en las Islas y que preside la socialista Francina Armengol. El Juzgado de Instrucción número 1 ha reabierto la causa por orden de la Audiencia de Palma y una de las primeras actuaciones ha sido imputar al número 2 de Yllanes, el director general de Política Industrial, Antonio Morro. 

El juez Juan Manuel Sobrino ha citado a declarar como investigados a Antonio Morro Gomila y a la directora de los servicios jurídicos de la Conselleria de Yllanes, Teresa Relea. Los dos están acusados de presuntos delitos de prevaricación y falsificación de documento público.

En calidad de testigo el juez cita a un responsable de la empresa Globatika Peritos Judiciales, que realizó el informe presentado por la acusación particular que demuestra la falsificación  de un documento público. En esta falsificación están directamente implicados los dos altos cargos imputados por el juez, el director general de Política Industrial y la jurista Teresa Relea.

El denominado caso Varadero fue denunciado en el Juzgado de Instrucción número 1 por la empresa puntera del sector náutico Grupo Fabkina. Denunció concretamente los mencionados delitos de prevaricación y  falsificación de documento público. La supuesta prevaricación se basa en el archivo sin justificar de los expedientes que el propio Govern había abierto a una serie de empresas del sector náutico que trabajan en el Puerto de Palma por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

El supuesto delito de falsificación de documento público se refiere a la resolución firmada por la Conselleria de Yllanes el 29 de julio de 2020 por la que se archivan los expedientes antes mencionados.

La letrada Teresa Relea firmó el informe jurídico que posibilitó el archivo de los expedientes contra las empresas denunciadas por infracciones graves contra la seguridad industrial y la protección del medio ambiente.

Los hechos se remontan al 9 de septiembre de 2020 cuando el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la Conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso. Un día después el Govern sacó a relucir la resolución amparada por el informe jurídico firmado por Relea por la que se indica que ya no hay expedientes para tramitar, que los mismos se habían archivado y  que, por tanto, no hay nada que investigar judicialmente.

El truco estuvo en crear el documento del archivo de expedientes un día después de que el juez solicitara toda la documentación y firmarlo poniendo la fecha 29 de julio.

Al mismo tiempo que sucedía todo esto, el propio Govern estaba concediendo importantes subvenciones a las empresas expedientadas dentro de su programa para potenciar el sector náutico. Lo que no podía trascender bajo ningún concepto era que el Govern apareciera como financiador de unas empresas que estaban expedientadas por graves infracciones a la normativa sobre seguridad industrial, entre otras.

La maniobra de la Conselleria de Yllanes fue hacer desaparecer los expedientes mediante un resolución por la que se resolvía que no había infracciones. Sin expedientes, ya no hay sanciones, que hubieran sido muy elevadas en aplicación de la normativa.

Si ya no hay expedientes, ya no hay investigación judicial por la no tramitación de los expedientes y en consecuencia se archiva el caso. El problema surge cuando el denunciante, el Grupo Fabkina, recurre el archivo judicial y la Audiencia de Baleares ordena al Juzgado proseguir con la causa.

El Grupo Fabkina inició la batalla judicial debido al perjuicio que le suponía no poder trabajar en el Varadero de Palma cuando era la única empresa que reunía todos los requisitos para hacerlo en cuanto a maquinaria y medidas de seguridad. Por contra, el millonario negocio del mantenimiento y pintado de yates se lo llevaban una serie de empresas afines al pacto de izquierdas que incumplían la normativa sobre seguridad industrial y medio ambiente.